Venezuela y Guyana acudieron a las audiencias convocadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que cada representación legal expusiera sus argumentos a favor y en contra del referendo consultivo sobre el Esequibo, promovido por el gobierno de Nicolás Maduro y fijado para el domingo 3 de diciembre.
Próximamente, la Corte con sede en La Haya, debe llamar de nuevo a las partes para anunciar su decisión ante la solicitud de Guyana de medidas cautelares que impidan a Venezuela celebrar la consulta popular. Se estima que sea antes del 3 de diciembre.
Consultado por Efecto Cocuyo, el experto en Derecho Internacional, Juan Sainz Borgo, no espera de la CIJ una decisión contra la elección venezolana por tratarse de un asunto interno, en cuanto a su celebración en sí o la modificación o eliminación de las preguntas 1,3 y 5 del referendo.
Solicitud denegada
«La Corte no va a decir: no hagan el referendo. Eso es un tema del orden interno de Venezuela; pero sí podría decir: por favor, absténganse de ejercicios militares que puedan crear tensiones en el área en reclamación. Eso sí esta dentro de la competencia de la Corte», señaló Sainz Borgo.
Para el doctor en Derecho, parece difícil que la Corte pueda pronunciarse contra un acto de los poderes públicos venezolanos que no altera o pueda crear daños directos a la controversia limítrofe o el caso en sí mismo.
«Quizás podría llamar a respetar el papel de la Corte y en especial a que ninguna de las dos partes haga nada que pueda perjudicar el caso, lo cual podría eventualmente favorecer más a Venezuela, ya que en estricta aplicación del Acuerdo de Ginebra, Guyana no debería otorgar concesiones (petroleras) en el área en disputa», acotó.
Asimismo, se podría instar a Venezuela a desistir de ejercicios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) en la zona, a propósito de la construcción de una pista de aterrizaje en una zona del estado Bolívar (La Camorra), cercana al territorio en disputa. A su vez, Venezuela señala a Guyana de ejercicios militares conjuntos con el Comando Sur de los Estados Unidos en el Esequibo.
Guyana presentó sus argumentos contra la consulta popular este 14 de noviembre ante la CIJ. La representación legal sostuvo que el referendo consultivo está diseñado para «socavar» la autoridad de la CIJ previo a la decisión que debe tomar sobre la validez o no del Laudo Arbitral de 1899 y para tomar medidas unilaterales como la anexión del territorio en disputa mediante la creación del estado Guayana Esequiba.
La pregunta 1 del referendo consultivo desconoce el Laudo Arbitral de 1899, cuya validez reclama Guyana; la número 3 propone el desconocimiento de la jurisdicción de la CIJ para resolver el diferendo limítrofe; mientras que la cinco, además de crear el estado Guayana Esequiba, plantea otorgar nacionalidad y cédula a la población del territorio Esequibo.
«El escenario más probable es que sea negada la solicitud de Guyana, pidiéndole a la Corte que ordene suspender el referendo o que al menos, se eliminen las preguntas uno, tres y cinco», coincidió el también experto en Derecho Internacional y Diplomacia, Mariano de Alba.
Sobre la audiencia de Guyana
«La intención es abrir una puerta que el Gobierno de Venezuela ya ha dicho en declaraciones públicas que está ansioso por cruzar, con la bendición popular del público venezolano. Solo esta Corte es el guardián de esa puerta, sólo la Corte puede proteger a Guyana y sus derechos», señaló el agente de Guyana, Carl Greenidge ante los 15 magistrados de la CIJ.
Para Sainz Borgo, ambos países se comportaron de la forma en que lo han venido haciendo durante sus declaraciones sobre la disputa territorial. Sobre la solicitud de Guyana reiteró que pareciera no tener un sustento jurídico, puesto que el referendo consultivo es un hecho «eminentemente interno».
«Guyana da por hecho el retiro de Venezuela del proceso ante la Corte (pregunta 3) y una supuesta anexión del territorio en disputa (pregunta 5). Para ello, citó declaraciones recientes de (Nicolás) Maduro y el general (Vladimir) Padrino, así como el anuncio de la construcción de una pista de aterrizaje cerca a la frontera», destacó De Alba en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Sobre lo que dijo Venezuela
Durante su exposición ante los jueces, en la audiencia del 15 de noviembre, la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, defendió el derecho a la realización de la consulta popular por estar prevista en la Carta Magna (artículo 71) y porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró la constitucionalidad de las cinco preguntas que deberán responder los electores venezolanos.
De los argumentos de Venezuela, De Alba destaca que uno de los abogados de Venezuela, el senegalés Makane Moide Mbengue, aclarara a la Corte que Venezuela es «respetuosa» del derecho internacional y no recurrirá al uso de la fuerza para hacer valer lo que decidan los venezolanos en el referendo.
El abogado también advirtió que la afirmación de Rodríguez ante la CIJ según la cual «nada impedirá» el referendo pudo haber sido interpretado como un desafío a la autoridad del tribunal. Igualmente resaltó que entre las aclaratorias que pidió la CIJ, está el efecto legal del referendo que según la jurisprudencia del TSJ «no es de carácter vinculante», lo que podría validar que no tiene efectos sobre el juicio en curso.
«En relación con Venezuela, fue muy importante que participara y defendiera directamente sus puntos. De esta forma se está construyendo el camino para presentar el año próximo la contra memoria; es decir, la contestación al alegato de Guyana (validez del Laudo Arbitral). Quizás la actitud pudiera haber sido mas cercana a la Corte y no tanto de desafiarla sobre el aspecto de la constitucionalidad. Pero en todo caso, fue bueno e importante que el gobierno se presentara a la audiencia», opinó Sainz Borgo.
Acotó que es «poco convencional» que un Estado diga que no reconoce a la Corte, pero comparece y envia documentos para aclarar puntos.
«Le corresponde ahora a los jueces evaluar si esas declaraciones son suficientes para confirmar, como argumentó el abogado senegalés que representó a Venezuela, que “ninguno de los resultados del referendo tendrá un efecto adverso ni le causará un daño irreparable a Guyana», añadió De Alba.
Jurisprudencia
Vale destacar que en julio de este año, en la disputa que mantienen Nicaragua y Colombia por los límites de sus aguas en el Mar Caribe, los magistrados de la CIJ (13 a 4) negaron al país gobernador por Daniel Ortega expandir su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas de una línea base de Colombia ( millas náuticas de San Andrés y Providencia).
Nicaragua ha hecho tres demandas ante La Haya para reclamar la soberanía sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los fallos de la Corte Internacional de Justicia son inapelables.
“Gran victoria para Colombia en La Haya. La CIJ no accedió a las pretensiones de Nicaragua sobre expandir su plataforma continental. Esperamos con este fallo cerrar la controversia limítrofe y abocarnos a llevar desarrollo sostenible a nuestro archipiélago», celebró el presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Uno de los argumentos de Venezuela para desconocer a la CIJ es una supuesta «parcialidad» a favor de los intereses de las empresas trasnacionales que por autorización de Guyana, quieren explotar petróleo en las aguas del territorio Esequibo.
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Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2023-11-18 16:00:00
En la sección: Política – Efecto Cocuyo