El 15 de diciembre de 2022, la Asamblea Nacional (AN) elegida en 2020 cerró su segundo período de sesiones y el año legislativo, encaminada hacia la instauración de un estado comunal en Venezuela que a juicio de expertos atenta gravemente contra la descentralización establecida en la Constitución y por ende a los gobiernos regionales y municipales.
La guinda de la torta es la aprobación de la Ley de Presupuesto de 2023 en la que los estados y municipios no recibirán 20 % del Situado Constitucional como lo ordena la Carta Magna sino apenas 5 %, como parte de una política, alertan los expertos, dirigida a conformar un «estado paralelo» en el país, donde el mayor poder lo concentra el Ejecutivo y baja líneas hacia figuras territoriales «ideologizadas».
El Parlamento con mayoría del chavismo sancionó entre el 15 de septiembre y el 15 de diciembre, lapso del segundo período legislativo, ocho leyes a saber: Presupuesto y Endeudamiento 2023; reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora; Ley de la Condecoración Orden Darío Vivas; Ley Especial de Trabajadores a Domicilio; Ley Aprobatoria del Servicio Aéreo entre Venezuela y San Vicente y las Granadinas.
Asimismo, aprobó en segunda discusión la Ley que Regula el Uso del Nombre, Títulos y Efigie de El Libertador Simón Bolívar y la Ley sobre la Condecoración Orden Gran Cacique Guaicaipuro.
Camino hacia un «estado paralelo»
«El tema de las leyes del poder popular es lo más grave de lo abordado por la AN de 2020 al cierre del año porque se pretende construir un estado paralelo al previsto en la Constitución que divide política y territorialmente al país en nación, estados y municipios con competencias definidas para cada uno y señala que Venezuela es un estado federal descentralizado», advirtió el abogado constitucionalista Gustavo Manzo.
El jurista señala que al estilo de la estructura piramidal de lo que fue el estado soviético, en el estado comunal, el Gobierno nacional sigue concentrando el poder y baja líneas al resto de las estructuras ideologizadas, en este caso el llamado pueblo organizado en Consejos Comunales y Comunas, entre otros, en las que se aleja a los ciudadanos de la instancia más cercana de gobierno que son las alcaldías, en perjuicio de la descentralización.
La fracción de la Alianza Democrática se opuso a los cambios de las llamadas leyes del poder popular aprobados en primera discusión durante el segundo período de sesiones, también por considerarlos inconstitucionales al dar estatus territorial a Consejos Comunales y Comunales, pese a que la Carta Magna señala que el país se divide en estados y municipios y se organiza en municipios.
Los diputados han exigido al chavismo que convoque a un referendo previsto en el artículo 261 constitucional con el que los venezolanos digan si están de acuerdo con la propuesta de estado comunal mediante reforma constitucional.
Manzo coincide con la solicitud puesto que sostuvo, el estado comunal al no figurar en la Carta Magna, no forma parte del «pacto social» de los venezolanos y requiere ser refrendado.
El chavismo se apoya en el artículo 5 constitucional que establece que la «soberanía reside en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución» y en el 261 que habla de medios de participación ciudadana en asuntos de interés colectivo, especialmente las asambleas populares en cuya categoría ubica a los Consejos Comunales Comunas,
En primera discusión
De 14 leyes del poder popular que el gobernante Nicolás Maduro ordenó a la AN de 2020 revisar lo antes posible, fueron aprobadas cinco en primera discusión durante el segundo período legislativo. A saber, las reformas a las leyes orgánicas del Sistema Económico Comunal; de las Comunas; Reforma a la Ley Orgánica del Poder Popular y las reformas a las leyes Orgánica de Consejos Comunales y Orgánica de Contraloría Social.
Restarían por la primera discusión las reformas a las leyes Orgánica de Planificación Pública y Popular; Contrataciones Públicas; Consejo Federal de Gobierno; Jurisdicción de la Justicia de Paz; Ley de Transferencias de Competencias y otras Atribuciones del Poder Popular; Ley de Comunicación Alternativa y Popular; Parlamento Comunal Nacional; Producción Social para Vivienda y Hábitat y Ley de Cooperativas.
El presidente del Parlamento de 277 diputados, Jorge Rodríguez dijo que se aprobarían antes de cierre de año, pero falta poco para que finalice 2022.
Menos recursos para las regiones
Durante el último debate del segundo período de sesiones ordinarias de la AN de 2020 que culminó este 15 de diciembre, se aprobaron en segunda discusión y a la «carrera» las leyes del Presupuesto y Endeudamiento 2023, luego de que la vicepresidenta Ejecutiva Delcy Rodríguez las presentara al Parlamento el 14 de diciembre.
La primera tampoco contó con el apoyo de la fracción de la Alianza Democrática que advirtió que resta recursos a las regiones, algo que el chavismo niega, aunque el diputado Jesús Faría admitió que se destinan recursos a «miles» de Consejos Comunales y Comunas, dinero que debería entrar a las arcas de gobernaciones y alcaldías para la ejecución de obras y políticas sociales.
«Se crea un nuevo ítem, ingresos corrientes extraordinarios cuando siempre se han considerado los ingresos petroleros, propiedad de todos los venezolanos, como ordinarios, así no se toman en cuenta para el cálculo del Situado Constitucional y por esa razón solo se le asignan 8.293 millones de bolívares a las regiones y se les quitan 22 mil o 23 mil millones de bolívares. No se democratiza el gasto público», fustigó el diputado de 2020, Oscar Ronderos.
Del presupuesto nacional calculado en Bs 170.703.832 051, a las regiones le corresponde el año entrante apenas Bs 8.293 millones de bolívares (Bs 6.634 millones para los estados y Bs.1658 millones para municipios) menos de 20% que establece la Carta Magna como Situado Constitucional en su artículo 167.
Para Manzo, restar competencias a gobernaciones y alcaldías a través de las leyes del poder popular y la disminución de recursos vía Situado están en sintonía con la política nacional del chavismo contra la descentralización. Alertó que los Consejos Comunales y las Comunas serán el «desaguadero» de los recursos que deberían ir a las regiones.
«Cuando le rebajas el Situado Constitucional le restas autonomía a las regiones. Ese dinero irá a Consejos Comunales y Comunas que no tienen las características técnicas para el desarrollo, obras asociadas a la ejecución presupuestaria. En un estado y una alcaldía hay secretarios de salud, obras, educación, además del hecho de que un gobernador y un alcalde fueron electos por el voto popular», sostuvo el abogado.
De 14 leyes del poder popular que Maduro ordenó revisar la AN solo ha aprobado cinco en primera discusión
Centralización de potestades tributarias
También recibieron la primera discusión la Ley Especial de Trabajadoras y Trabajadores Agrícolas (8 de noviembre); la Ley de la Verdad y la Memoria Histórica sobre Derechos Humanos y la Ley de Atención Integral para las Personas con Trastornos del Espectro Autista.
Igualmente fue discutida en primera instancia la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios que busca una «coordinación» de los impuestos que se cobran en el territorio nacional, impidiendo a las regiones cobrar tributos no autorizados.
Esta última también es criticada por considerarse que resta potestades tributarias a estados y municipios con recursos ya mermados por la vía del Situado Constitucional
«en evidente desacato al mandato constitucional que procura el fortalecimiento de la descentralización administrativa y de la autonomía financiera de todos los entes político-territoriales», de acuerdo con la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Engavetadas
El balance del primer período de sesiones entre el 5 de enero y el 15 de julio de 2022 fue de 13 leyes sancionadas; 56 acuerdos y 38 instrumentos legales quedaron en primera discusión.
Continúan engavetadas leyes como la de las Ciudades Comunales, de la cual solo se han aprobado diez artículos desde 2021 y no figura en el paquete de leyes del poder popular mencionado por Maduro.
También sigue la incógnita con otras propuestas polémicas como la Ley de Cooperación Internacional, una legislación para regular redes sociales en Venezuela y la reforma a la Ley del Ejercicio Periodismo, que implicarían un mayor control y restricciones a derechos como la libertad de expresión, por parte del Gobierno nacional.
Actos legislativos
Durante el segundo período de sesiones, la AN de 2020 igualmente aprobó acuerdos como el respaldo al segundo acuerdo social parcial de las negociaciones de México suscrito el 26 de noviembre; rechazo a la medida de seis años de prisión e inhabilitación política de por vida contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner y apoyo a elecciones presidenciales en Brasil en las que ganó Luiz Inácio «Lula» Da Silva.
De igual forma, el Parlamento aprobó acuerdos en ratificación del acuerdo parlamentario con Colombia dirigido a normalizar relaciones y Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, entre otros.
También instaló grupos de amistad parlamentaria ya designados desde el primer período de sesiones con países como Colombia, Alemania, Costa Rica, Sudáfrica, España y el Reino de los Países Bajos. Igualmente aprobó el nombramiento de al menos cuatro embajadores ante Portugal (Mary Flores), Argelia (Juan Arias), el Vaticano (Carlos Torres) y la Unesco (Rodulfo Pérez).
El chavismo, a través de la AN de 2020 busca reconocimiento internacional y de acuerdo con el presidente de la Comisión de Política Exterior, Timoteo Zambrano, la normalización de relaciones con diversos países alteradas por el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela en 2019.
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2022-12-26 08:22:06
En la sección: Política – Efecto Cocuyo