Sancionan ley para «castigar» manejo de activos por parte de AN de 2015

La Asamblea Nacional (AN), con mayoría del chavismo, aprobó en segunda discusión la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, con el objetivo de «castigar» lo que se considera como «usurpación de funciones» propias del Ejecutivo Nacional o «atribución ilegítima» de la representación del Estado, por parte del Parlamento de 2015, en lo que se refiere al control y manejo de activos en el exterior.

La normativa elaborada por una comisión especial dirigida por Diosdado Cabello, establece (artículo 13) pena de prisión de 15 a 20 años, contra quienes (profesionales, entre ellos abogados, o de cualquier ocupación) «participen directa o indirectamente, en actuaciones, negociaciones, ofertas, acuerdos, compromisos o actos de administración, enajenación o disposición sobre cualquier activo, derecho o interés de la República o sus entidades ubicados en el extranjero, en acuerdo, apoyo o por mandato» de quienes se atribuyan «ilegítimamente» la representación del país en el exterior.

«Por el rescate de los activos robados por los ladrones (…) estamos obligados al rescate de cada centavo que se hayan robado y castigar severamente a aquellos que se comportaron como verdaderos apátridas, le han hecho un terrible daño al pueblo de Venezuela y sus instituciones», exclamó el presidente de la AN de 2020, Jorge Rodríguez al ser sancionada la ley.

Crea registro de infractores

El texto de 11 artículos y una disposición transitoria, aprobado en primera discusión el 2 de mayo, se amplió a 13 artículos y agregó una disposición final, durante la segunda discusión realizada este martes 16 de mayo en la sesión ordinaria de la AN de 2020, en el Palacio Federal Legislativo.

Entre los cambios más importantes con relación a la primera discusión está que en el artículo 3, sobre el ámbito de aplicación de la ley, se amplía de los activos ubicados en el exterior a los que también se encuentren en territorio nacional que pudieran ser afectados por procesos jurídicos en el extranjero.

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Asimismo, se crea en el artículo 11 un «Registro de Sujetos Infractores» que incluirá a «personas y entidades, nacionales o extranjeras, que pretendan ejecutar o realicen actos jurídicos» que violen la ley y se advierte que no podrán contratar con el Estado venezolano, ni podrá otorgárseles ventaja o beneficio alguno, en el marco de procesos de negociación o reestructuración de acreencias.

También incluye el deber de informar al responsable de administrar el registro que dependerá del Ejecutivo Nacional, sobre actuaciones o hechos que violen la ley, por parte de toda persona en ejercicio de funciones públicas o en cumplimiento de actividades que involucren bienes o intereses patrimoniales de la República.

Delito de traición a la patria

Durante la segunda discusión, Cabello resaltó que la nueva Ley de Protección de Activos complementa la recién sancionada Ley de Extinción de Dominio que autoriza al Estado a confiscar bienes provenientes del delito sin esperar una sentencia firme contra los acusados. La ley sancionada este martes de hecho remite a la aplicación de la extinción de dominio contra bienes de quienes usurpen funciones o se atribuyan la representación del Estado en el manejo y defensa de activos (artículo 12).

El mismo artículo 12 se establece la responsabilidad penal contra quienes usurpen funciones o se atribuyan ilegítimamente la representación del Estado en el manejo y defensa de activos en el exterior y se remite a la aplicación de la legislación vigente.

Anteriormente se estableció solo la aplicación de las leyes contra la corrupción y la delincuencia organizada pero Cabello advirtió que se colocaba de forma general, es decir, a toda la legislación vigente, para que entraran castigos por delitos como el de «traición a la patria», sancionado con prisión de hasta 30 años por la Ley Contra el Odio.

«Se proponen acciones ejemplarizantes para aquellos que se creyeron presidentes, bufetes, lobistas, que hayan intervenido en el robo contra nuestros activos, vamos a seguir actuando con la Constitución en la mano, solo nos guía el intereses de salvaguardar los intereses de nuestro pueblo. Comenzaremos de forma inmediata», dijo Cabello.

«AN de 2015 inexistente»

Sin distingo, Rodríguez también tildó de «ladrona» a toda la dirigencia opositora, desde el expresidente del gobierno interino Juan Guaidó, pasando por la presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera hasta los candidatos a las elecciones primarias como Henrique Capriles y Manuel Rosales.

«Una señora que cuida ancianos en Valencia (Figuera), EEUU le regaló 365 millones de dólares, determina que es la presidenta interina de Venezuela para financiar la campaña de Capriles ( a la primaria). Guaidó protesta porque lo dejaron sin plata, pero Rosales le dice a Capriles que tiene que picar a torta como lo hicieron con Monómeros», señaló durante el debate.

Al expresar su apoyo a la sanción de la ley, la Alianza Democrática en voz de Juan Carlos Alvarado (Copei judicializado) pidió tener en cuenta a la hora de repartir castigos no solo a la directiva de la AN de 2015 sin a las «más de 70 personas» que alzaron sus manos para aprobar los nombramientos y la «usurpación de funciones».

La disposición final agregada para la segunda discusión declara “inexistentes y sin efecto jurídico las figuras fraudulentas utilizadas para usurpar” la representación de la República, denominadas presidente interino, procurador o procuradora especial, junta ad hoc, consejo de administración y protección de activos, “así como cualquier otra denominación que fuere dada por quien o quienes se denominen” como AN de 2015.

Ya en la primera discusión de la Ley, Rodríguez advirtió que si representantes de la oposición no renunciaban «a las dádivas de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC)» en alusión al control de bienes y fondos congelados, producto de las sanciones internacionales, irían contra sus bienes en Venezuela, por considerarse «actos de delincuencia organizada».