En supermercados y farmacias: Criptomonedas conquistan el pago cotidiano en Venezuela

La economía venezolana ha sido, durante la última década, un laboratorio de resiliencia financiera.

Tras pasar por procesos de hiperinflación y una dolarización de facto que hoy domina el comercio, el país experimenta una «segunda ola».

El país atraviesa una fase de transformación económica, en la que las criptomonedas se implementan como moneda de curso corriente.

Según datos de la firma BItData Consultores, 10% de los venezolanos ya integra activos digitales en sus dinámicas de consumo diario.

Esta cifra es reveladora, pues rompe el mito de que el ecosistema cripto es exclusivo para inversionistas o expertos en computación.

El reinado de las “stablecoins”

El motor de este cambio no ha sido el Bitcoin por sí solo. Las verdaderas protagonistas han sido las monedas estables o “stablecoins”.

El USDT (Tether) se ha convertido en el «dólar digital» por excelencia para el venezolano.

Su paridad con el dólar estadounidense ofrece la seguridad que el bolívar no ha podido garantizar.

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El empleo de esa moneda estable también garantiza una agilidad que el efectivo muchas veces complica.

Para el ciudadano común, pagar con criptomonedas elimina las fricciones del «vuelto» o la falta de cambio en divisas físicas.

Además, permite una movilidad de fondos que supera las restricciones operativas de la banca local, permitiendo recibir remesas y pagar facturas en una misma infraestructura digital.

Un ecosistema en expansión

Este 10% de adopción de los “stablecoins” por parte de los venezolanos no es un número aislado.

El dato es el reflejo de una infraestructura que ha crecido a la fuerza y que se ha impuesto en virtud de la necesidad.

Desde grandes cadenas de retail hasta pequeños comercios han tenido que adaptar sus puntos de venta.

Al día de hoy, es usual la recepción de pagos mediante códigos QR o transferencias directas entre billeteras digitales (wallets).

El crecimiento supone, sin embargo, retos regulatorios y educativos.

Mientras la adopción crece desde el usuario hacia el sistema, las autoridades financieras continúan buscando un equilibrio.

Para el Estado es necesario fiscalizar esos flujos, sin que ello implique asfixiar una de las pocas vías de escape que ha encontrado la economía para mantenerse dinámica.

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