Las mafias criminales del robo de tierras que estarían atrás del asesinato del líder campesino Diomedes Mejía Navarro en el sur del Magdalena
📅 🕐 04 Feb 2026🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 4 min de lectura
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El asesinato de Diomedes Mejía Navarro, perpetrado en las últimas horas, no es un hecho aislado; es el segundo capítulo de un luto anunciado en el predio El Garzal, una vasta extensión de tierra que parece llevar consigo una maldición de balas y sombra.
Este nuevo crimen en el sur del departamento del Magdalena deja en claro que la Reforma Agraria en el Caribe colombiano no se escribe con tinta, sino con la sangre de quienes se atreven a reclamar lo que el paramilitarismo y la mafia usurparon.
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Hacemos un llamado para que se continúe interviniendo este predio y así garantizar la seguridad de estas familias. Ya se están interponiendo las denuncias ante la Fiscalía para que el predio pase, de una vez por todas, a manos campesinas
Agencia Nacional de Tierras.
Predio en disputa en el Magdalena Foto:Archivo particular
Mejía Navarro, directivo de la Asociación de Víctimas Desplazadas de la Lucha, cayó bajo las balas de sicarios en San Sebastián de Buenavista (Magdalena).
Su pecado fue el mismo que le costó la vida a su compañero Luis Eduardo Cisneros apenas tres meses atrás: creer, según la Agencia Nacional de Tierras, que el Estado podía arrebatarle 1.939 hectáreas al clan de Enilce López, alias ‘La Gata’ (qpd)
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Predio en disputa en el Magdalena Foto:Archivo particular
El predio en disputa es un símbolo del poder criminal enquistado en la región.
El Garzal, ubicado en el municipio de San Zenón, es un terreno en proceso de extinción de dominio contra Jorge Luis Alfonso López, hijo de la fallecida Enilce López.
Jorge Luis, condenado por homicidio y concierto para delinquir, mantenía —según denuncias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT)— el control del predio mediante testaferros y hombres armados, incluso después de que la justicia ordenara la entrega del predio a comunidades campesinas.
La diligencia de aprehensión material, liderada en diciembre pasado por el director de la ANT, Juan Felipe Harman, fue una operación de guerra.
El funcionario tuvo que ingresar escoltado por las Fuerzas Armadas. Una vez allí, Harman descubrió que la tierra no estaba siendo cultivada por campesinos, sino custodiada por un arsenal.
Allí, bajo el mando de Jairo Cantillo, alias ‘El Turco’, se halló material de guerra que confirmaba una verdad amarga: la entrega del predio a las víctimas no sería un acto administrativo, sino una batalla territorial.
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Predio en disputa en el Magdalena Foto:Archivo particular
La historia reciente del Caribe está plagada de estos nombres. El asesinato de Diomedes Mejía eleva a dos la cifra de líderes de la Asociación de Víctimas eliminados por el control de El Garzal en menos de 90 días.
Este patrón de violencia sistemática ha generado un desplazamiento forzado masivo de las familias beneficiarias que, tras recibir las llaves de la tierra en diciembre, hoy huyen despavoridas ante esta ola de violencias que el Estado no ha logrado contener.
El panorama de violencia en la zona es desolador. Mientras la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la ANT intentan formalizar la compra y entrega del terreno para la Reforma Agraria, el brazo armado de los antiguos dueños —herederos de la parapolítica y el crimen organizado— sigue operando en la zona con total impunidad.
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Parte del material de guerra hallado en el Garzal por la ANT Foto:ANT
En un comunicado cargado de impotencia y rechazo, la ANT exigió una intervención conjunta de todo el Gobierno Nacional.
Según la entidad, no basta con firmar resoluciones de adjudicación si el campesino es asesinado antes de sembrar la primera semilla.
«Hacemos un llamado para que se continúe interviniendo este predio y así garantizar la seguridad de estas familias. Ya se están interponiendo las denuncias ante la Fiscalía para que el predio pase, de una vez por todas, a manos campesinas», expresó la entidad.
Hoy, en las calles de San Sebastián de Buenavista impera el silencio. El asesinato de Diomedes Mejía Navarro ha enviado un mensaje claro por parte de las mafias: en los dominios de los violentos la tierra sigue teniendo dueño, y el título de propiedad es el fusil.
