En Estados Unidos se está gestando una revuelta fiscal

Tanto demócratas como republicanos parecen estar llegando a la conclusión de que gran parte de los estadounidenses no debería pagar prácticamente ningún impuesto sobre la renta. Para financiar el estado, muchos en la izquierda exprimirían a los pocos más ricos, mientras que muchos en la derecha gravarían a los extranjeros con aranceles. Es poco probable que ninguna de estas fuentes de ingresos cubra los gastos de Estados Unidos, por lo que el resultado serían déficits presupuestarios aún mayores.

La aversión de los republicanos a los impuestos es más antigua y conocida. La One Big Beautiful Bill del pasado año prorrogó las rebajas fiscales del primer mandato de Donald Trump que expiraban y añadió más concesiones, incluida la disposición de «no gravar las propinas», enormemente popular. Costará varios billones de dólares durante la próxima década. Mientras tanto, Trump ha recortado unos 25 000 empleados del Servicio de Impuestos Internos, lo que facilita a los ricos eludir el pago de tributos.

Últimamente, los demócratas han comenzado a responder con la misma moneda. Los senadores Cory Booker y Chris Van Hollen dieron a conocer sus planes fiscales el mes pasado. Cada uno de ellos aumentaría drásticamente el número de estadounidenses que no pagan el impuesto federal sobre la renta.

El plan de Booker duplica con creces la deducción estándar libre de impuestos, hasta 37 500 dólares para los contribuyentes solteros y 75 000 dólares para las parejas casadas —una ventaja que se extiende a lo largo de la escala de ingresos hasta los más acomodados—. También propone una serie de desgravaciones fiscales dirigidas a los estadounidenses más pobres, junto con tipos más altos para los que más ganan con el fin de ayudar a financiarlas (véase el gráfico 1). Incluso tras esas compensaciones, los analistas independientes estiman que el coste ascendería a entre cinco y siete billones de dólares durante la próxima década, aproximadamente el doble que la iniciativa de Trump —Booker insiste en que obtendría el resto del dinero cerrando vacíos legales y gravando más a las empresas—.

El plan de Van Hollen tiene una estructura similar, pero un coste menos llamativo. Eliminaría el impuesto sobre la renta para los solteros que ganen menos de 46 000 dólares y las parejas que ganen menos de 92 000 dólares, antes de retirar de forma progresiva esas ventajas para las rentas más altas. Su plan prácticamente no tiene efecto sobre el déficit, pues esos recortes fiscales van acompañados de fuertes recargos para quienes ganen más de un millón de dólares al año.

Ninguna de las propuestas tiene posibilidades realistas de convertirse en ley a corto plazo porque los demócratas no controlan ninguna rama del gobierno federal. Sin embargo, sí indican la dirección que toma el partido. Tanto Booker como Van Hollen son aspirantes a la presidencia que no se andan con rodeos. El plan de Van Hollen en particular, con sus cifras menos fantasiosas, ha atraído a un amplio grupo de copatrocinadores tanto de la izquierda como del centro del partido.

Si los demócratas recuperaran el control tanto del congreso como de la Casa Blanca en 2028, incluso las rebajas fiscales de Van Hollen entrarían en conflicto con otras prioridades del partido. Sus 1,5 billones de dólares en subidas de impuestos progresivas podrían sustentar esas rebajas, pero dejarían poco margen para cualquier otra cosa, como revertir los recortes a la asistencia sanitaria y alimentaria de la ley fiscal de Trump —que costaría una cantidad similar— o reducir los aranceles —que podría costar aún más—. Los demócratas podrían tener que abandonar gran parte de su agenda de gasto o recurrir a opciones más radicales, como un impuesto sobre el patrimonio. Van Hollen respalda esta última opción. Es copatrocinador de un proyecto de ley de Elizabeth Warren, otra senadora demócrata, que impondría un impuesto anual del 2 % a las fortunas superiores a 50 millones de dólares.

No me pisotees

Desde cierto punto de vista, estas propuestas no difieren mucho de las clásicas ofertas demócratas: redistribuyen de los ricos al resto y añaden una pizca de gasto deficitario. Sin embargo, hay una diferencia. Cuando Joe Biden tuvo la oportunidad de gastar a lo grande, destinó el dinero a programas sociales y a la política industrial. En cambio, recortar los impuestos supone un cambio de rumbo. Grover Norquist, activista republicano y principal defensor de las rebajas fiscales en Estados Unidos, muestra cierta complacencia ante este giro, calificando el nuevo entusiasmo de los demócratas por los recortes fiscales como «un signo de debilidad» en su visión del mundo. ¿Qué ha cambiado?

Los demócratas en Washington suelen señalar dos cosas: la «crisis de la asequibilidad» y la inmensa popularidad de la «exención fiscal de las propinas». Los votantes, argumentan, están desesperados por recibir ayuda con el coste de la vida, a pesar de que el crecimiento de los salarios ha seguido el ritmo de los precios. La sencillez del mensaje de «no a los impuestos» ayuda a llegar incluso a los escépticos. Con Trump, que provoca el caos a diario en la Casa Blanca, no es momento de desdeñar ideas grandes, audaces y populares. Aun así, la «exención fiscal de las propinas» es una política relativamente barata, pues estas no generan tantos ingresos. Extender esa lógica a cada dólar ganado tiene un aire de «empollones que imitan a los deportistas», en palabras de un experto fiscal demócrata.

Una explicación más cínica es que, dado que la base del partido demócrata se ha ido enriqueciendo, se ha vuelto más difícil llegar a ella con la mayoría de las medidas de gasto social. El plan de Booker ofrece un aumento apreciable de los ingresos a quienes se encuentran en el quintil superior de la escala de ingresos, e incluso en el decil superior. Los más ricos, por supuesto, siguen viéndose afectados.

En un plano más profundo, el apoyo de los demócratas a las rebajas fiscales refleja el reconocimiento de que la desconfianza en el gobierno está muy extendida. Puede que el DOGE de Elon Musk fuera un proyecto republicano, pero la preocupación por el despilfarro del dinero de los contribuyentes, por que los ricos salgan impunes y por que las personas equivocadas estén al mando también es común en la izquierda.

No es de extrañar que prácticamente cualquier propuesta para bajar los impuestos tenga buena acogida en las encuestas. Una reciente de The Economist/YouGov reveló que dos terceras partes de la población están a favor de los componentes principales del plan de Booker. Más notable aún es el desmoronamiento del consenso social en torno a los impuestos. La proporción de estadounidenses que consideran justos los impuestos sobre la renta que pagan se encuentra cerca del mínimo histórico, según Gallup, que lleva planteando esta pregunta desde 1997 (véase el gráfico 2). El único periodo comparable fue el final de la presidencia de Bill Clinton, cuando Estados Unidos registraba superávit presupuestario y podría decirse que sí tenía margen para bajar los impuestos. El entorno fiscal actual no podría ser más diferente.

Este descontento es notablemente generalizado. Tanto demócratas como republicanos piensan que pagan demasiados impuestos, al igual que ricos y pobres. Las encuestas de YouGov revelan que alrededor del 60 % de los estadounidenses de todos los niveles de renta piensan que pagan demasiados impuestos, a pesar de que se les aplican tipos impositivos muy diferentes.

Las cámaras legislativas estatales también están escuchando estas posturas. Muchas, alegando un fuerte crecimiento económico, han bajado los impuestos en los últimos años (véase el gráfico 3). El entusiasmo por ir más lejos y más rápido está aumentando, lo que hace que algunos observadores se muestren cautelosos. «La mayoría lo ha hecho de forma responsable hasta ahora», afirma Jared Walczak, del think-tank Tax Foundation. «Sin embargo, ahora corren el riesgo de extralimitarse y aplicar reducciones que no pueden permitirse».

Una oleada de localidades está impulsando exenciones del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria para los jubilados: Florida está barajando la posibilidad de abolir por completo los impuestos sobre la propiedad no escolares y Ohio contempla una posible iniciativa legislativa para eliminarlos en todas sus formas. Por su parte, Keisha Lance Bottoms, candidata demócrata a gobernadora de Georgia, ha respaldado la eliminación del impuesto sobre la renta para los docentes y California se está planteando un impuesto sobre el patrimonio «puntual» del 5 % para los multimillonarios.

Sin duda, las ideas que tengan más éxito político entrarán en el debate nacional. Los políticos de ambos partidos parecen cada vez más dispuestos a complacer a una opinión pública que se está volviendo reacia a los impuestos. Sin embargo, con un abismal déficit presupuestario y una carga de deuda cada vez más pesada, Estados Unidos no puede permitirse una nueva revuelta fiscal.