La trampa burocrática del descontrol y la falta de rigor en la regularización

Ya lo habíamos advertido. Lamentablemente, el desarrollo de las primeras semanas del proceso de regularización nos está dando la razón al evidenciar serias grietas operativas. Y no nos cansaremos de repetirlo porque es nuestra responsabilidad profesional. Nuestro análisis no entra a valorar si hay o no que regularizar la situación de las personas extranjeras, ya que la oportunidad o el alcance de esta medida no es nuestra competencia. Nuestro trabajo es analizar cómo se tramita y qué condiciones son necesarias para que un procedimiento de esta extraordinaria complejidad funcione correctamente.

Tramitar un expediente de extranjería no consiste en la mera presentación masiva de solicitudes como si de un simple buzón de sugerencias se tratase. Exige, por el contrario, la correcta construcción de expedientes jurídicos completos y coherentes desde su mismo origen.

Resulta incomprensible que, ante un reto normativo de esta magnitud, no se exija un estándar formativo universal. Desde nuestra corporación hemos apostado decididamente por la especialización, impulsando programas formativos rigurosos y en contacto directo con la Administración para alinear criterios y evitar interpretaciones erróneas.

Sin embargo, de poco sirve este esfuerzo si no se exige y hace extensivo a todas aquellas entidades y operadores inscritos en el registro de colaboradores de extranjería.

Si permitimos que convivan profesionales altamente capacitados con operadores carentes de la preparación necesaria, estamos fomentando una desigualdad inaceptable y condenando el sistema al desorden técnico.

No podemos, ni debemos, tratar estos despropósitos como meras anécdotas o hechos aislados. Analizadas en su conjunto, estas incidencias conforman un patrón alarmante que evidencia una flagrante necesidad de reforzar el control y la coherencia en el desarrollo del procedimiento.

Al ciudadano se le está abocando a una especie de lotería administrativa, donde la viabilidad de su expediente depende del canal que utilice o de la información, muchas veces desactualizada o errónea, que reciba. Si no se exige una trazabilidad rigurosa sobre quién gestiona cada trámite y bajo qué estándares técnicos, estamos convirtiendo este proceso en una peligrosa trampa burocrática.

Por ello, observamos con profunda preocupación la falta de formación técnica de muchos operadores y entidades que participan a través del registro de colaboradores. Mientras que desde nuestro colectivo hemos desplegado programas específicos de formación directa con la Administración para asegurar criterios rigurosos y actualizados, vemos cómo en otros ámbitos proliferan las dudas, los errores de base y una alarmante disparidad en la interpretación de los requisitos.

Más grave aún es lo que ya estamos detectando sobre el terreno. Denunciamos la aparición de prácticas inaceptables que distorsionan la naturaleza del proceso, tales como la existencia de ofertas económicas para obtener los contratos de trabajo exigidos, o la imposición de fórmulas indirectas de cobro, camufladas bajo «cuotas de asociación», que en la práctica actúan como un peaje para conseguir los informes de vulnerabilidad.

A este escenario se suma el desconcierto en los propios canales habilitados, con materiales de apoyo erróneos y una falta de claridad absoluta para el ciudadano, que a menudo ni siquiera sabe quién está gestionando de manera efectiva su expediente, perdiéndose así toda trazabilidad y responsabilidad procedimental.

Como expertos en la gestión de procedimientos administrativos complejos, sabemos perfectamente qué ocurrirá. El verdadero cuello de botella no se está produciendo en el arranque del sistema, sino que se está trasladando de manera silenciosa hacia el final del proceso. Una bolsa inmensa de expedientes mal planteados o incompletos terminará generando una avalancha de requerimientos, retrasos interminables e inevitables denegaciones.

No nos dejemos engañar por la aparente fluidez de la fase inicial de recepción de solicitudes. Ya anticipamos en su momento que el sistema no se vería tensionado en el arranque, sino durante su posterior desarrollo, cuando los efectos de esta tramitación desigual comiencen a aflorar inevitablemente

Lo que hoy podría venderse erróneamente como un éxito de participación, mañana se traducirá en un aluvión de requerimientos y denegaciones. Estamos creando un escenario de urgencias completamente innecesarias, empujando a los ciudadanos a intentar corregir a contrarreloj expedientes que deberían haberse construido con rigor desde el primer minuto

Nos preocupa enormemente que esta deficiente fase inicial acabe condenando al fracaso a miles de ciudadanos, quienes previsiblemente acudirán a la desesperada a profesionales cualificados, gestores administrativos, abogados o graduados sociales, buscando milagros de última hora para intentar reconducir lo que se hizo mal desde el principio.

Aún estamos a tiempo de introducir mejoras operativas críticas. Es imperativo extender la formación técnica a todos los actores implicados, garantizar una interpretación homogénea de las normas, y asegurar la identificación clara del profesional que interviene en cada trámite.

La Administración debe entender que el éxito de este proceso no se basará en el volumen. Un procedimiento de esta envergadura no se mide en cuántas solicitudes se presentan, sino en cuántos expedientes están correctamente construidos. Garantizar la calidad técnica desde el origen es la única forma de evitar el colapso y ofrecer una tramitación verdaderamente segura al ciudadano.