No tenemos una bala de plata para arreglar el tema de la vivienda

La afirmación realizada por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, merece una reflexión serena. «No tenemos una bala de plata para arreglar el tema de la vivienda» Es una frase que encierra una gran verdad: no existe una medida única capaz de resolver un problema extraordinariamente complejo.

Pero precisamente porque no existe esa «bala de plata», resulta imprescindible identificar cuáles son los obstáculos estructurales que impiden que las políticas públicas de vivienda sean realmente eficaces. Y uno de ellos, probablemente el más olvidado, es el urbanismo.

Durante años el debate sobre la vivienda se ha concentrado casi exclusivamente en los precios, los incentivos fiscales, la financiación, la vivienda protegida, el alquiler turístico o la seguridad jurídica. Sin embargo, existe una cuestión previa sin cuya resolución cualquier política pública nace limitada: la organización de la información urbanística en España.

La imagen del enorme puzle de más de 8.000 municipios, donde cada ayuntamiento utiliza un sistema distinto para organizar su planeamiento, representa con extraordinaria claridad una realidad que todos los operadores jurídicos conocemos.

España funciona como si existieran más de ocho mil urbanismos diferentes y diecisiete Comunidades Autónomas diferentes.

Cada municipio dispone de sus propios formatos documentales, sistemas cartográficos, modelos de gestión, criterios interpretativos, plataformas informáticas e incluso lenguajes administrativos distintos.

El resultado es una enorme fragmentación de la información pública. No se trata únicamente de un problema tecnológico. Es un problema institucional.

Un mismo ciudadano, un arquitecto, un promotor, un registrador, un notario o un funcionario debe aprender prácticamente un nuevo sistema de trabajo cada vez que cambia de municipio. La consecuencia es evidente: duplicidad de información, errores, mayores costes administrativos, retrasos, inseguridad jurídica y una enorme dificultad para atraer inversión.

Mientras otros países avanzan hacia modelos nacionales de información territorial comunicados, España continúa trabajando con miles de pequeñas «islas digitales» incapaces de comunicarse entre sí.

Y eso termina repercutiendo directamente en la vivienda. Porque sin información homogénea resulta mucho más lento aprobar planeamientos, gestionar actuaciones urbanísticas, tramitar licencias, desarrollar suelo o coordinar las distintas Administraciones Públicas.

La política de vivienda comienza mucho antes de construir viviendas. Empieza organizando correctamente el territorio. Por eso resulta especialmente sugerente abandonar miles de piezas inconexas para construir un único modelo digital del territorio basado en datos compartidos, interoperabilidad, actualización permanente y lenguaje común.

No supone eliminar la autonomía municipal. Supone dotarla de instrumentos compatibles. La descentralización administrativa no puede confundirse con la descoordinación tecnológica. Las competencias pueden seguir siendo municipales mientras la información habla un mismo idioma.

Esa interoperabilidad permitiría reducir tiempos administrativos, incrementar la transparencia, facilitar el acceso de ciudadanos y empresas, mejorar la seguridad jurídica y disminuir significativamente los costes públicos. No es una reforma menor. Es una infraestructura institucional imprescindible para cualquier política seria de vivienda. En este punto conviene recordar una de las definiciones más bellas que nuestra jurisprudencia ha formulado sobre el urbanismo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de 9 de mayo de 2023, afirmó que la disciplina urbanística trasciende de un simple problema de construcciones y licencias para convertirse en un elemento esencial del equilibrio de las ciudades y de la convivencia humana. Difícilmente puede expresarse mejor.

El urbanismo no consiste únicamente en ordenar parcelas. Ordena la vida. Protege el equilibrio entre desarrollo económico, sostenibilidad ambiental, convivencia social y calidad de vida de las personas. Es el marco donde conviven el derecho de propiedad, el interés general, la protección del paisaje, la movilidad, los servicios públicos y la propia dignidad del espacio urbano.

Cuando el Tribunal afirma que en el urbanismo «se pone en juego nuestro porvenir», está recordando que el verdadero objeto de esta disciplina no son los edificios, sino las personas. Y precisamente por ello necesita reglas claras, instituciones coordinadas e información fiable. Quizá, por tanto, Carlos Cuerpo tenga razón. No existe una bala de plata.

La solución a la vivienda exigirá más suelo finalista, mayor seguridad jurídica, colaboración público-privada, simplificación administrativa, financiación adecuada, estabilidad normativa y planificación a largo plazo. Pero también exigirá algo mucho menos visible y, sin embargo, decisivo: construir un verdadero sistema nacional de información urbanística.

Porque antes de levantar viviendas debemos ser capaces de conectar el territorio. Solo cuando dejemos de gestionar ocho mil sistemas diferentes empezaremos, de verdad, a construir una única política de vivienda para España.