Lo que una investigación de la BBC revela sobre las “cárceles de tortura” de Rusia en Ucrania

Aviso: Este artículo contiene relatos de tortura y violencia sexual.

Una mañana de octubre de 2019, un grupo de hombres salió de un automóvil y agarró a Liudmyla Huseinova cuando salía de su casa.

Ella, que entonces tenía 64 años, relata que le arrebataron el bolso y la arrojaron al asiento trasero, dando inicio a lo que describe como una «pesadilla» en el opaco sistema de detención ruso establecido en zonas de Ucrania ocupadas desde 2014: «Durante tres años y 13 días de mi vida, mi cuerpo y mi alma quedaron destrozados».

Afirma que entre los hombres se encontraba Yurii Temerbek, un ucraniano que había sido agente de tráfico local y se había unido a los separatistas respaldados por Rusia.

Temerbek —esposo, padre y abuelo, que ahora tiene 56 años— volvió a estar presente dos semanas después, según ella, observando cómo un hombre con acento ruso abusaba sexualmente de ella en un famoso centro de detención.

Una investigación del Servicio Mundial de la BBC ha identificado a Temerbek y ha revelado detalles sobre otros dos hombres acusados ​​de abusar de detenidos, arrojando luz sobre un sistema que opera casi totalmente fuera del alcance de la justicia ucraniana e internacional.

Al parecer, estos hombres llevan ahora vidas normales junto a sus familias en Rusia y en las zonas ocupadas de Ucrania. Para los supervivientes, revelar sus identidades es un paso hacia la rendición de cuentas.

Liudmyla sostiene que, si no se localiza ni se encarcela a los hombres a los que acusa de abusos, «entonces, la justicia para mí consistirá en que sus hijos sepan que fueron criminales y torturadores».

Las prisiones que estos hombres ayudaron a gestionar forman parte de un sistema de detención en el que, según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH), la tortura y los malos tratos a civiles son «sistemáticos y generalizados».

El organismo señala que los antiguos detenidos describen palizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y violencia sexual, y que a menudo se detiene a civiles de forma arbitraria sin facilitar apenas información a sus familias.

El Kremlin ha acusado al ACNUDH de parcialidad. En mayo de este año, la ONU incluyó a Rusia en su lista negra de países sospechosos de cometer violencia sexual en zonas de conflicto. Unas acusaciones que Rusia desestimó calificándolas de «mentiras infundadas».

Las autoridades ucranianas afirman que más de 16.000 civiles han sido capturados o han desaparecido. Algunos de estos casos se produjeron tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en 2022, mientras que otros se remontan a 2014, cuando Rusia se anexionó la península ucraniana de Crimea y ocupó partes del este de Ucrania, lo que provocó una condena internacional generalizada.

Por aquel entonces, Liudmyla trabajaba como ingeniera de seguridad en una granja avícola de Novoazovsk, una ciudad de la región de Donetsk situada cerca de la frontera con Rusia.

Grupos armados respaldados por Rusia tomaron la ciudad, dando inicio a varios años de control paramilitar.

Liudmyla cuenta que, durante la ocupación, ayudó a cuidar a huérfanos y llevó alimentos a las fuerzas ucranianas, que le regalaron una bandera de Ucrania con mensajes de agradecimiento escritos en ella.

Cree que una foto de la bandera, que compartió con amigos de confianza, llegó a manos de las fuerzas respaldadas por Rusia: «Probablemente por eso me detuvieron».

Fue acusada de espionaje —según relata— y trasladada a Izolyatsia, una antigua fábrica reconvertida en galería de arte moderno que había sido tomada por las fuerzas respaldadas por Rusia.

El lugar acabó siendo tristemente célebre y temido, a medida que surgían numerosos testimonios de torturas relatados por antiguos detenidos.

Al llegar, relata que un grupo de hombres —cuya identidad desconoce— la rodeó y comenzó a pellizcarle el cuerpo. «No es un melocotón», recuerda que dijo uno de ellos. «Ni un albaricoque seco. Es una pasa».

Los detenidos eran obligados a permanecer de pie continuamente desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y, tras eso, los iluminaban con luces intensas, según recuerda. Sus primeros días, cuenta, estuvieron marcados por los gritos de angustia provenientes de otras celdas: «Nunca antes había escuchado gritos tan terribles».

Dos semanas después, relata, la llevaron a la segunda planta, donde un hombre al que en la prisión llamaban «Koval» le dijo que era «demasiado mayor para los chicos que vienen a ‘relajarse'».

Temerbek estaba allí, «siendo sarcástico… riéndose», afirma ella.

Entonces, asegura, Koval abusó sexualmente de ella.

Conoce el nombre de Temerbek, explica, porque lo vio en un documento y recordó que él era conocido en la zona por su papel en la policía ucraniana.

Las autoridades ucranianas lo acusan de trabajar para el Ministerio de Seguridad del Estado (MGB) establecido por la República Popular de Donetsk (RPD), entidad creada por grupos paramilitares respaldados por Rusia.

La fiscalía ucraniana ha iniciado un proceso penal en su contra por formar parte de un «grupo terrorista», término que utilizan a menudo para referirse a la colaboración con fuerzas respaldadas por Rusia.

La BBC colaboró ​​con dos investigadores ucranianos especializados en fuentes abiertas, Bohdan Kosokhatko y Vladyslav Chyryk, para averiguar más sobre Temerbek y otras personas acusadas de abusos, basándose en la labor que ya habían realizado con la organización de investigación ucraniana Truth Hounds.

Diversa información —que incluía testimonios de detenidos, publicaciones en redes sociales, informes de medios de comunicación y documentos de la fiscalía ucraniana— permitió a nuestro equipo reconstruir los hechos.

Los investigadores que colaboraron con la BBC descubrieron que Temerbek estudió lengua ucraniana en la universidad y que tiene esposa, una hija y un hijo —ambos ya adultos jóvenes— y un nieto. Al parecer, residen en la región de Rostov, en el suroeste de Rusia, cerca de la frontera con Ucrania.

Una fotografía publicada en redes sociales antes de 2014 lo muestra vistiendo el uniforme de la policía ucraniana y una placa que lo identifica como agente de tráfico. No hemos podido determinar si actualmente tiene empleo.

Liudmyla afirma que el hombre de la imagen fue una de las personas que la detuvieron. Según relata, vio a Temerbek por última vez a finales de 2021. En aquella ocasión, él la llamó «perra» y la amenazó con enviarla a Siberia.

No hemos logrado identificar a «Koval».

Ella cuenta que otro guardia de Izolyatsia, conocido en la prisión como «Yermak», le ordenó una vez que comiera comida cruda mezclada con tierra y basura.

«La escupí, pero quedó algo. El sabor de esa comida me acompañará el resto de mi vida», afirma. Ahora le resulta insoportable el olor a comida cocinándose y le cuesta mucho comer con normalidad.

Nunca vio a Yermak porque los guardias a menudo le ponían una bolsa en la cabeza, pero sí escuchó su voz.

En otra ocasión, relata, él entró en su celda: «Gritó: ‘¿Estás a favor de Ucrania?’ Le respondí: ‘Estoy a favor de la justicia’. Después de eso, empezó a golpearme».

Liudmyla vio el rostro de Yermak por primera vez cuando los investigadores que trabajaban con la BBC localizaron fotos de él en las redes sociales, mostrándolo con su esposa e hija, en vacaciones familiares y bebiendo con amigos, algunas de ellas tan recientes como 2024.

Fue identificado por primera vez, como un hombre llamado Ruslan Yeriomichev, por el grupo de reportajes de investigación Bellingcat y el periodista ucraniano Stanlislav Aseyev, que también estuvo detenido en Izolyatsia. Yeriomichev tiene ahora 46 años.

Según sus cuentas de redes sociales, estudió derecho en la Universidad Nacional de Donetsk.

Los fiscales ucranianos lo acusan de múltiples delitos, incluido el trato cruel a prisioneros de guerra y civiles.

No está claro si todavía trabaja en Izolyatsia, pero las publicaciones en las redes sociales sugieren que todavía vive en la zona. Las fotos en las redes sociales lo muestran con su esposa, su hija y sus amigos, y de vacaciones en la Crimea ocupada.

Tanto Temerbek como Yeriomichev eran ciudadanos ucranianos que posteriormente adquirieron pasaportes rusos.

«Son personas libres y pueden ir a cualquier parte», reflexiona Liudmyla mientras mira las fotografías. «Le quitaron años de vida a tanta gente».

Liudmyla fue liberada en un intercambio de prisioneros en 2022. Sus amigos la recibieron a su regreso. «Estaban allí llorando. Me di cuenta de que yo no podía llorar; no tenía lágrimas», cuenta.

Incluso ahora, afirma: «Estos sentimientos, estas emociones, siguen congelados en mi interior… a veces realmente quiero llorar y gritar, pero no puedo».

Se ha reunido con su esposo y ahora viven en Kyiv, la capital de Ucrania. Dirige una organización que apoya a otras mujeres que han estado detenidas y, a través de una red secreta, ayuda a enviar paquetes de las familias a quienes aún permanecen cautivas.

La BBC también cartografió la magnitud de la red de centros de detención, contrastando informes de medios de comunicación, investigadores y grupos de derechos humanos.

Identificamos 93 lugares donde se mantuvo recluidos a civiles y prisioneros de guerra en zonas ocupadas de Ucrania entre 2023 y 2025.

Alrededor de un tercio de ellos parecen ser instalaciones no oficiales, ubicadas en edificios que van desde oficinas de impuestos hasta hoteles y garajes. Identificamos otros 102 centros en Rusia. A las organizaciones internacionales no se les ha permitido el libre acceso a ellos.

La fiscalía ucraniana afirma que 2.000 personas han pasado por estos centros desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

Uno de ellos, el marinero Oleksii Sivak, de 42 años, declaró a la BBC que fue uno de los cientos de civiles detenidos tras la toma de la ciudad ucraniana de Jersón (en el sur del país) por parte de Rusia en 2022, en lo que los informes favorables al Kremlin calificaron como una operación contra terroristas.

Oleksii, que trabajaba en buques de carga, cuenta que durante los primeros meses de ocupación ayudó a cocinar para personas mayores y a elaborar pancartas y folletos en contra de la presencia rusa: «Hice lo que pude; resistí como pude».

Relata que fue detenido y trasladado a unas antiguas instalaciones policiales en Jersón. «Hubo torturas con objetos», afirma. «En los genitales, descargas eléctricas».

En noviembre de 2022, el ejército ucraniano recuperó Jersón. Oleksii cuenta que las fuerzas rusas se llevaron a algunos detenidos al huir, pero que él logró escapar porque no había suficiente espacio en los vehículos.

Los fiscales ucranianos señalan que el centro de detención de Jersón estaba dirigido por Andrey Spivak, un expolicía que había trabajado en el sistema penitenciario de la ciudad rusa de Omsk.

Se le ha acusado de trato cruel a la población civil y de violaciones de las leyes de la guerra.

Los investigadores que colaboran con la BBC descubrieron que tiene 40 años y nació en la región de Omsk. Las imágenes en redes sociales sugieren que le gusta la pesca, la caza y los viajes.

Fotos de años recientes lo muestran de vuelta en Omsk, participando en actos del Ministerio del Interior de Rusia. Los investigadores que trabajan con la BBC también hallaron que ha registrado su vehículo para trabajar como taxista.

La BBC intentó contactar a Temerbek, Yeriomichev y Spivak en relación con las acusaciones de este informe, pero no respondieron.

Al ser consultada sobre dichas acusaciones, la Embajada de Rusia en el Reino Unido declaró que Rusia ha «defendido sistemáticamente el respeto al derecho internacional y al Estado de derecho» y que las denuncias de crímenes durante el conflicto en Ucrania «están documentadas y bajo investigación».

La fiscalía ucraniana ha iniciado procedimientos legales contra decenas de personas acusadas de maltratar a ucranianos en prisiones administradas por Rusia. Un pequeño número de ellas ha sido condenado en rebeldía.

La BBC solo tiene constancia de una persona encarcelada: un exjefe de Izolyatsia que fue detenido en Kyiv en 2021 y condenado a 15 años de prisión.

El centro sigue en funcionamiento, según la Fiscalía General de Ucrania.

Desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022, la fiscalía ha documentado más de 400 casos de violencia sexual contra civiles relacionada con el conflicto. Hasta la fecha, se ha imputado a 85 personas; de ellas, 30 han sido condenadas a penas de prisión, la mayoría en rebeldía.

Tanto Oleksii como Liudmyla están decididos a contribuir a que los autores de abusos contra detenidos rindan cuentas.

«Para mí, la justicia no es venganza», afirma Liudmyla.

«Para mí, la justicia es la constatación de que estas personas hicieron lo que hicieron de forma intencionada y deliberada. Quiero que sean castigadas conforme a la ley».

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