Lo que hay detrás de los atentados por disidencias de las Farc en Cali y Jamundí

Una fuerte explosión estremeció las casas del barrio Meléndez, en el sur de Cali. Eran las 10:20 p. m. de aquel 4 de abril, cuando el estruendo generó pánico entre estos pobladores de la comuna 18, cerca de otra docena de barrios, donde inclusive hay un hospital.

Este fue el atentado perpetrado por disidentes de las Farc, en una ofensiva contra la Fuerza Pública que están decididos a cometer en el suroccidente del país, pues al tiempo era atacado el Gaula Militar en Tumaco (Nariño).

De acuerdo con la Policía y el Ejército, las disidencias declararon estos ataques, casi que simultáneos y se teme que puedan registrarse más acciones terroristas contra la Fuerza Pública por parte de los mismos disidentes de las Farc. En Cali, por fortuna no hubo víctimas fatales por el vehículo cargado de explosivos y que no alcanzó a ingresar al batallón, sino a ser detonado en el exterior.

Pero vecinos cercanos al batallón Pichincha, en las instalaciones de la Tercera Brigada, viven de nuevo con zozobra. Esta es la zona de la comuna 18, a pocos metros de la tradicional calle Quinta. También están próximos barrios como el Mario Correa Rengifo, con el hospital del mismo nombre para beneficiar a la ladera caleña.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, dijo al respecto: «“Les informo que acabo de tener llamada con el ministro de Defensa, quien me reiteró que la intención del Gobierno Nacional es perseguir a esta estructura criminal hasta que cesen sus actividades delictivas”.

Horas después de los hechos en Cali y en Tumaco, hubo acciones contra la subestación de Policía de Cajibío, en el Cauca, y fue atacada la subestación de Policía del corregimiento de Robles, en zona rural de Jamundí. En la tarde de este 5 de abril, una patrulla de la Policía fue atacada en Piendamó, en el norte del Cauca, dejando a un uniformado muerto, identificado como Émerson Serrano Sánchez, y a cinco policías y tres civiles heridos.

«Fue algo aterrador. Eran las 5:20 de la mañana (de este 5 de abril), estoy recostado, mi esposa preparando los alimentos cuando escuchamos dos detonaciones, luego yo vi que aquí en el cuarto donde estaba acostado entraban luces y me caía arena en los pies, en la cara, cuando vimos que eran ráfagas bravas», comentó un morador de Jamundí al referirse al atentado contra la subestación de Policía, en Roble. Por su  seguridad pidió no decir su nombre. 

Es allí, en Jamundí, donde alrededor de 600 kilómetros cuadrados conforman la zona rural de uno de los municipios más convulsionados en el sur del departamento. Ese pedacito de territorio vallecaucano es como si fuera otro país. Uno de no creer, donde hombres armados imponen su propia ley del terror con asesinatos, secuestros y trabajos forzados a una comunidad para que termine de construir una carretera de muerte y droga.

Cerca de allí, según versiones de la misma población que han llegado hasta las autoridades y al Ejército, habría cuatro estaciones de gasolina levantadas por los mismos disidentes del frente ‘Jaime Martínez’, al parecer, para bombear combustible a la maquinaria que da forma a la vía que los alzados en armas están construyendo.

Esta es la zona de las veredas La Liberia, Ampudia, La Cabaña, Pradera, Cascarilla, Paso de la Bolsa, Potrerito, Robles, San Antonio, Puente Vélez, Villacolombia, Timba y La Cima, donde en buena parte de esa región hay pancartas de bloques del mismo frente de disidentes de las Farc. En La Liberia estarían funcionando las cuatro estaciones de bombeo ilegales.

Aunque la esclavitud lleva abolida casi dos siglos en el país, aquellos labriegos y sus familias que no demuestren ser moradores de las veredas, portando carnés de las juntas de Acción Comunal, son sometidos a castigos, como multas de tres millones de pesos y si no hay cómo pagar, vienen secuestros para que estos pobladores realicen trabajos forzados en construir una vía que va de la zona de El Despunte hasta el sector La Playa, cerca del río Naya, en las entrañas montañosas de Jamundí para tener acceso al mar del Pacífico colombiano. Es una de las rutas perfectas para la salida de cargas de droga.

Esta situación por el deseo del control territorial y social de la zona rural de Jamundí por parte de estos grupos ya venía de tiempo atrás, 10 años para ser precisos, cuando se desató una serie de masacres con más de una decena de muertos, entre 2019 y 2020. En ese entonces, el frente ‘Jaime Martínez’ ya demarcaba territorio, enfrentándose a ‘Los Pelusos’ que nacieron del EPL.

La Defensoría del Pueblo en su alerta temprana de inminencia del mes pasado, la 005-24, dio un campanazo de alerta que se suma a la 030 del año pasado. “En los homicidios y las desapariciones perpetradas en sectores rurales montañosos o adyacentes, por regla general se infiere la participación de este frente (‘Jaime Martínez’) al mantener un control territorial férreo y único hasta el momento”, indicó la alerta que fue ratificada por el propio defensor nacional, Carlos Camargo.

Según el funcionario y con base en datos de la Fiscalía, el año pasado fueron asesinadas 112 personas, un 5,56 por ciento más que en el 2022 y de esas muertes violentas, 44 ocurrieron en zona rural, muchas de las cuales, es donde el grupo ‘Jaime Martínez’ tiene incidencia. Estos casos se han registrado en Timba, Paso de la Bolsa, Potrerito, San Antonio, Villacolombia, Robles y Puente Vélez.

En ese panorama de desasosiego están los homicidios de dos jóvenes, en noviembre de ese 2023, quienes fueron retenidos en el corregimiento La Liberia. Ese mismo día, en Timba, ocurrió la muerte de un joven que hacía poco tiempo había terminado de prestar el servicio militar, informó la Defensoría del Pueblo.

En diciembre pasado fueron encontrados en Potrerito, los cuerpos de un padre y su hijo, oriundos de Tumaco (Nariño), previamente secuestrados; asimismo, el primero de febrero tuvo lugar el homicidio de dos hombres, quienes fueron degollados en el corregimiento de San Vicente

En ese mismo año hubo cinco desaparecidos, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cali que tiene jurisdicción en el vecino municipio de Jamundí, además de cinco heridos por el carro bomba en septiembre de ese año contra la estación de Policía de Potrerito y 10 heridos más por granadas de mano.

Entre tanto, campesinos de la zona rural de Jamundí no hablan sobre esta encrucijada. El miedo se siente cuando uno de ellos solo asiente sin decir su nombre por ese temor a los armados, confirmando esa ley del terror que viene azotando a Jamundí.

“Tenemos conocimiento de casos en los que si una persona no porta o no tiene el carné, es retenida por la guerrilla, incluidos adolescentes y mujeres. Adicionalmente las investigan, les cobran multas o las obligan a realizar trabajos forzados durante algunos días; en caso de no tener el dinero, la retención se puede extender varias semanas, al igual que los trabajos impuestos”, indicó Camargo. Los trabajos impuestos a los que se refirió Camargo son justamente en las obras de la carretera.

El delito que más se comete en la cabecera municipal es el de las exigencias extorsivas que, en caso de ser ignoradas, apelan a retaliaciones, como ataques con granadas de fragmentación en locales comerciales, dijo el defensor.

“Además de retomar el control de las vías, hemos pedido a las autoridades que sea reforzada la seguridad en Jamundí, y, como hemos visto en otras regiones, que también haya una labor social. Es importante trabajar de manera coordinada en campañas de prevención del reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes, para que las estrategias y programas sean ejecutados de manera rápida, armónica, a tiempo, a propósito de los riesgos advertidos en nuestra alerta temprana”, anotó Camargo.

“Se generó un enclave cocalero en estos municipios, y a través de esta relación comercial terminan teniendo el control de la población”, dijo el comandante del Conjunto Número 2 de las Fuerzas Militares, mayor general Érik Rodríguez.

Es por ello que el oficial insistió “en que esta vía de los disidentes no beneficia en nada a la comunidad, ni se construyó, precisamente, pensando en facilitar el transporte de los campesinos”. Según el mayor general Rodríguez, los disidentes del grupo ‘Jaime Martínez’ solamente hicieron la carretera para sus objetivos irregulares.

«Es un área que fue sometida a colonización en los últimos años», anotó el mayor. “Esta es la zona que sirve de puerta de entrada al río Naya y de ahí hacia el Pacífico, tomando Puerto Merizalde. Es una autopista natural del narcotráfico para sacar los alcaloides», señaló el mayor general.

Allí, los cultivos de coca pasaron de 1.400 a 1.600 hectáreas en la zona rural de Jamundí.

Nuevos disidentes en centro, sur, norte del Valle

En el Valle del Cauca se sumó una nueva disidencia y opera en el centro y en el norte de la región. “Tenemos la ‘Adán Izquierdo’ y de esta se generó una disidencia que es el frente ‘57 Yaír Bermúdez′ que precisamente está afectando al Huila, Tolima y el Valle, en la zona rural de los municipios de Florida, Pradera, Palmira, Guacarí, Buga y Tuluá”, dijo la gobernadora Toro.

De acuerdo con el Ejército, el ‘frente 57 Yaír Bermúdez’ está conformado por unos 80 hombres que se han detectado en zona de la cordillera Central.

La mandataria aseguró que 240 soldados de cinco pelotones están en esta área rural del Valle del Cauca para contrarrestar cualquier acción ilegal del nuevo grupo armado. Pero la idea en el ‘frente 57’ es que los integrantes de la ‘Adán Izquierdo’ se sumen al nuevo frente, como un grupo armado que se distanciaría del ‘Estado Mayor Central’, de las disidencias de las Farc.

Toro fue enfática en señalar que continuarán los esfuerzos para garantizar la seguridad en esta zona del sur del departamento.

«Vamos a hacer controles en todo el departamento, habrá muchos con Policía y Ejército, para darles tranquilidad y seguridad a las personas”, aseguró, al tiempo que subió la recompensa por los responsables del atentado contra la Tercera Brigada. Pasó de 20 a 50 millones de pesos.

“El ‘frente 57’ tiene aproximadamente 60 y 80 hombres. Por eso estamos realizando operaciones en la cordillera, centrar atacando este frente. La idea es poder atacar esta estructura en los primeros 100 días, es lo que hemos hablado con la gobernadora”, sostuvo el comandante de la Tercera Brigada del Ejército, brigadier general Juan Odúber Rendón.

Este grupo es encabezado por un hombre llamado Luis Carlos Pinilla, alias Óscar Barreto, quien ha sido guerrillero desde hace más de una década e hizo parte de mesas de diálogo con el Gobierno. Empezó en el Eln y 2019 fue cofundador de la ‘Adán Izquierdo’, operando en Buga, Tuluá y Sevilla.

Asimismo, según Toro, dijo que se investiga la presencia del bloque ‘Comandante Isaías Pardo’ que podría tener influencia, además del Valle, en Huila, Quindío y Tolima.

Entre tanto, el personero de Cali, Gerardo Mendoza, hizo un llamado por la que considera la presencia de disidentes y hasta del Eln en la ciudad. Se refirió a una pancarta del frente ‘Jaime Martínez’ en el sur caleño.

El secretario de Seguridad de Cali, Jairo García, dijo: “Desde el primer momento que tuvimos conocimiento desde la administración municipal de Cali con el acompañamiento y liderazgo del señor alcalde sobre el cese al fuego con el ‘Estado Mayor Central’ de las Farc hemos sostenido reuniones permanentes que hacen parte del consejo de seguridad sobre la evaluación de los riesgos asociados a este grupo armado”. Pero en la Policía no solo en este año, sino en pasados han sostenido que no habría presencia de grupos armados organizados residuales.

El analista político Diego Arias comentó que el tema es complejo por varias razones: “Está en curso como un reacomodo de la dinámica del conflicto armado del Valle del Cauca y está determinado por factores, como control territorial, disputa de economías ilícitas. Se está produciendo un reordenamiento sobre si algunos grupos van a una negociación de paz o se mantienen al margen de la misma, haciendo la guerra y dedicados a una actividad criminal”.

También dijo: “Es una recomposición sobre la cual, todavía no tenemos todos los datos. ¿Quién se está aliando con quién? Pero en ese escenario lo que sí es claro es que pequeños, medianos o grandes, como el ‘Jaime Martínez’, en Jamundí, terminan poniendo en jaque a la región o terminan introduciendo una situación de desestabilización e incertidumbre con un riesgo enorme para la población civil. El deber del Estado es garantizar la seguridad y el control territorial. Se necesita mucha firmeza y eficacia para recuperar ese control territorial y estabilizar el departamento”.

CAROLINA BOHÓRQUEZ Y ANTONIO MINOTA

CORRESPONSALES DE EL TIEMPO

CALI