Paro minero en Antioquia: el crítico panorama que quedó al descubierto – Medellín – Colombia

El paro minero en el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño, que afecta 16 municipios de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar, dejó al descubierto la grave situación ambiental que se vive en esta región y el poder de grupos ilegales que estarían detrás de este millonario negocio.

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El gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, denunció esta semana la devastación dejada por la minería ilegal en la región y la catalogó como “la destrucción ambiental más grande de la historia del departamento”.

A su vez, advirtió que detrás de la protesta estaría infiltrado el ‘clan del Golfo’, organización que según el mandatario controla las rentas ilegales de la minería aluvial de oro en las cuencas de los ríos Cauca y Nechí.

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Precisamente, una decisión del Gobierno para frenar la minería ilegal fue el detonante de esta protesta. Se trata de la aplicación del decreto 2235 que permite a la Fuerza Pública destruir maquinaria pesada utilizada en la exploración y explotación minera sin las autorizaciones y exigencias requeridas por la ley, por lo que los mineros exigieron que dicho decreto no siga vigente.

“Nosotros nos identificamos con la minería informal, porque no hemos tenido las rutas claras y concisas, a través de una reglamentación oficial. Hoy nos dicen una cosa y mañana otra, que aquí se puede, que aquí no. Ha habido una dilatación y desgaste en el minero. Rechazamos los términos ilegal y criminal, que somos criminales y que estamos siendo financiados por actores al margen de la ley”, dijo Saúl Bedoya, vocero del comité de paro, a este diario.

Alegan que las minidragas, motobombas y barequeros —que hacen parte del eslabón más bajo de la cadena— dependen de la maquinaria amarilla para adelantar labores de extracción de oro.

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En la madrugada del sábado se agravó la situación de orden público en el Bajo Cauca, tras el toque de queda impuesto por la Gobernación. En Caucasia, Cáceres y Tarazá se presentaron choques entre ciudadanos y la Policía Nacional.

Los bloqueos han dejado desabastecimiento en algunos de los municipios afectados por el paro. Por esta razón, ayer la Gobernación de Antioquia activó la primera ruta humanitaria para llevar alimentos a la zona.

El distrito minero

El Gobierno Nacional considera que la solución definitiva a esta problemática es la creación de un distrito minero en el Bajo Cauca. Se trata de una ruta de formalización —explicó la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhamad— que ayude a los pequeños y medianos mineros del territorio y que atenúe los impactos ambientales.

Para ello, una vez se levante el paro, se constituirá una mesa técnica con los mineros y pobladores para construir la propuesta que fue definida como un “pacto social y político de fondo” para la problemática.

“El Gobierno Nacional y departamental tienen toda la disposición para trabajar intensamente y mancomunadamente para trascender esta situación de minería en el Bajo Cauca por el bienestar social y ambientales de las comunidades”, apuntó la ministra.

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Los mineros, por su parte, ven con buenos ojos la intención del Gobierno Nacional, e incluso tienen su propia propuesta que no solo incluye su tránsito a la formalidad, sino también el desarrollo de la industria y las vías en el territorio.

Sin embargo, los mineros pedirán que se continúe con la operación de la maquinaria amarilla, aspecto que no es bien visto por el Gobierno.

La primera medida que piden es una ‘caracterización exprés’ con georreferenciación y verificación para invitar una proliferación de la minería en el Bajo Cauca.

Hectáreas devastadas

Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito evidenció en junio pasado que Antioquia tenía para 2021 unas 37.588 hectáreas de explotación de oro aluvial en tierra, de las cuales un 45,3 por ciento corresponderían a minería ilícita.

Cuatro municipios del Bajo Cauca antioqueño —Zaragoza, Nechí, Cáceres y El Bagre— concentran unas 25.000 hectáreas del total de tierras con explotación, es decir, más de dos veces del tamaño de la zona urbana de Medellín y de ellas, aproximadamente, el 38,4 por ciento es de minería ilegal.

Y a pesar de que la región demostró una disminución del 8 por ciento en el número de hectáreas explotadas con relación a 2020 y disminuyó en un 40 por ciento el número de hectáreas en expansión, el gobernador Gaviria ha reiterado que la situación se ha vuelto más compleja en los últimos meses con base en las cifras de deforestación.

EL TIEMPO sobrevoló la zona y evidenció un panorama desalentador. El verde que recubre las planicies del Bajo Cauca se parte en dos entre El Bagre y Nechí. El follaje queda al descubierto por pedazos de tierra amarilla que se cruza entre aguas y dragas a escasos metros del río Nechí.

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Para el primer semestre de 2022, según el reporte de imágenes satelitales del Ideam, más de 1.893 hectáreas fueron deforestadas en Zaragoza, El Bagre y Cáceres. El panorama es aún más crítico en Segovia y Remedios donde se reportaron 3.184 hectáreas devastadas.

Apenas en la última semana de febrero pasado se registraron 137 alertas tempranas en 8 días por pérdida de bosque natural. Este número es poco menos de la mitad de las alertas totales registradas en todo el 2022. El 78 por ciento corresponden al nordeste y el 15 por ciento al Bajo Cauca.

Según la secretaría de Ambiente y Sostenibilidad de Antioquia, la deforestación se explica por la ganadería extensiva, la tala ilegal y la extracción ilícita de minerales.

“La acción de las retroexcavadoras que se lleva a cabo en el Bajo Cauca moviliza cerca de 30 millones de metros cúbicos de tierra y pone en el río Cauca toneladas de mercurio en toda la actividad minera que va desde pequeños hasta grandes dragones”, explicó la ministra de Ambiente, Susana Muhamad.

La minería en el Bajo Cauca —tanto formal como informal— sostiene parte de la economía de una población que tiene índices de pobreza multidimensional entre el 53 y 66,4 por ciento según el Dane, en los cuatro municipios con mayor explotación.

Los grupos armados

Según explicó a EL TIEMPO el brigadier general Eduardo Arias, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, los grupos delincuenciales que pelean el control del territorio en el Bajo Cauca también disputan las rentas que produce la minería ilegal.

“En la actualidad, convergen distintos grupos armados como Los del Bajo, las Autodefensas Gaitanistas o ‘clan del Golfo’, el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc. Las organizaciones libran una cruel batalla por el dominio de los recursos de la subregión”, dijo.

Cuando se habla de minería ilegal se refiere a la que realiza sin títulos mineros y comprende a los artesanales o barequeros e informales, pequeños y medianos mineros.

La Fuerza de Tarea Aquiles capturó en 2022 a 85 personas por el delito de explotación ilícita de yacimientos mineros. Además, destruyó 185 dragas, 47 retroexcavadoras y 587 motobombas que eran utilizadas en varios puntos del río de Nechí.

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Sin embargo, en septiembre pasado, el Gobierno Nacional acordó con un grupo de mineros de Cáceres frenar el decomiso de maquinaria amarilla usada para la extracción de minerales, tras los bloqueos que adelantaron los pobladores.

Pero el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirmó hace casi un mes que se reconsideró el compromiso luego de una visita con la ministra Muhamad y el gobernador Gaviria al Bajo Cauca, donde pudieron constatar las graves afectaciones al medioambiente y los nexos de ilegales con la minería.

Bajo esa premisa, el Ejército quemó cinco dragones brasileños en las últimas semanas y eso desató el llamado paro minero que ha convocado, según cuentas de los organizadores, más de 10.000 personas en el Bajo Cauca antioqueño y sectores aledaños.

Millonarios cobros

Un informe sobre los impactos de la minería de oro en el río Nechí del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación señala que los grupos al margen de la ley pueden cobrar entre 2 y 3 millones de pesos por el ingreso de la maquinaria y una cuota de mantenimiento que varía entre 1 y 3 millones de pesos.

Incluso a los barequeros, que son población de bajos recursos, les cobran entre 50.000 y 100.000 pesos para trabajar sobre el material sobrante de las minas y a los dueños de dragones brasileños les cobran entre 5 y 10 millones de pesos para dejarlos operar.

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Estas máquinas —según la investigación del IPC— cuestan entre 600 y 1.500 millones de pesos, queman 30 toneladas de diesel por hora y tienen potentes motobombas que succionan el material del lecho del río con un motor hidráulico que hace las veces de taladro.

En promedio, un dragón puede extraer 3 kilogramos de oro al mes, con ingresos por encima de los 700 millones de pesos.

“El oro que sacan de las máquinas es llevado a las casas de compraventa al menudeo. Allí, como disponen de los registros de comercialización de las personas, les cargan a discreción el oro ilegal que van recibiendo. La compraventa limpia y funde el oro que recibe en pequeños lingotes. En este momento el oro ya ha sido formalizado, para luego ser enviado a las principales fundidoras de Medellín para su transformación y posterior exportación”, se lee en el documento.

En la base de datos del Registro Único de Comercialización de Minerales (Rucom) que corresponde a mineros de subsistencia o barequeros hay 35.048 personas inscritas en 5 municipios del Bajo Cauca, a quienes se les permite comercializar 420 gramos de oro al año.

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El Observatorio de Derechos Humanos identificó que también se cobran extorsiones a las compraventas a cambio de servicios de protección “que incluyen mantener atemorizadas a las personas para que no denuncien cuando son suplantadas y estafadas con el cobro de impuestos por una producción que jamás han tenido”.

En medio de este complejo panorama, se espera que la mesa de diálogos encuentre solución a una problemática que en palabras de la ministra de Ambiente “no comenzó ayer”.

SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR
CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN
EN TWITTER: @sebascarvajal28