Catatumbo: 329 familias campesinas en Norte de Santander se convirtieron en propietarias legítimas de 3.843 hectáreas de tierra
📅 🕐 hace un momento🔗 Fuente: eltiempo.com🕑 4 min de lectura
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El Catatumbo, una de las regiones históricamente más golpeadas por la exclusión geográfica y el conflicto armado en Colombia, acaba de registrar un punto de inflexión en su ordenamiento territorial.
Entre el 10 y el 13 de junio, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) llevó a cabo la denominada ‘Titulatón Catatumbo’, una estrategia jurídica que convirtió a 329 familias campesinas en propietarias legítimas de 3.843 hectáreas de suelo productivo.
Al otorgar títulos de propiedad con plena seguridad jurídica, según la ANT, el Estado colombiano derriba una barrera histórica: el 65 % de informalidad en la tenencia de la tierra que ha asfixiado financieramente a Norte de Santander.
A partir de este momento, los beneficiarios entran formalmente al circuito económico legal, quedando habilitados para acceder a créditos de la banca pública y privada, subsidios estatales y programas de desarrollo agrícola tecnificado.
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Regulan terrenos en municipios como El Tarra, Sardinata y Ábrego, Foto:ANT
La entrega de títulos abarcó un abanico geográfico de 15 municipios, incluyendo desde centros urbanos como Cúcuta y Ocaña, hasta enclaves rurales de alta complejidad de orden público como Hacarí, Teorama, San Calixto y Tibú. Para los labriegos de la zona, la titulación representa la diferencia entre la subsistencia informal y el progreso agroindustrial.
«Ya con esto, nosotros que cultivamos cebolla, fríjol y tomate, principalmente, podemos tramitar un préstamo en el banco para aumentar la producción en nuestra tierra», afirmó visiblemente emocionado Diego Armando Ortiz, productor de la vereda Villa Nueva, en jurisdicción de Ábrego.
Por su parte, Luis Alfredo Manzano, habitante de la vereda Casas Viejas en San Calixto, sintetizó el letargo burocrático que padecía la región: «Si no fuera por la Agencia, nos hubiera tocado esperar otros 47 años para legalizar el terrenito».
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Familias campesinas en Norte de Santander se conviertieron en propietarias de tierra. Foto:ANT
Las comunidades de esta región también recibieron 116 títulos de propiedad a Entidades de Derecho Público (EDP).
Históricamente, decenas de escuelas rurales, puestos de salud primarios y polideportivos comunitarios en el Catatumbo operaban en la ilegalidad predial, lo que impedía constitucionalmente que alcaldías, gobernaciones o agencias de cooperación internacional invirtieran un solo peso en su infraestructura física.
Con la regularización de estos terrenos en municipios como El Tarra, Sardinata y Ábrego, se abre la puerta a la dotación de aulas digitales, mejoramiento de plantas físicas y blindaje de los derechos a la salud y la educación rural. Carlos Hernando Quintero, rector de la Institución Educativa Rural Mesitas, del municipio de Hacarí, destacó el logro: «Nos permite dignificar la educación rural, crear sentido de pertenencia y, sobre todo, tener la posibilidad de presentar proyectos de cofinanciación».
Gobiero creará la Zona de Reserva Campesina ‘Paz y Unión Campesina del Catatumbo’. Foto:ANT
La ANT defendió que estos avances responden a los compromisos del Plan Catatumbo y a las medidas de emergencia dictadas para la región. Los resultados acumulados en el departamento muestran una reconfiguración profunda del mapa de propiedad:
Inclusión Social: 1.427 familias formalizadas con un acumulado de 13.958 hectáreas.
Fincas para la Paz: Adjudicación de 3.898 hectáreas a asociaciones, víctimas del conflicto y firmantes de paz.
Protección Étnica: Blindaje jurídico sobre 36.000 hectáreas de territorio ancestral del pueblo Barí y la constitución de un resguardo.
Familias campesinas en Norte de Santander se conviertieron en propietarias de tierra. Foto:ANT
Gobernanza Territorial: Creación de la Zona de Reserva Campesina ‘Paz y Unión Campesina del Catatumbo’ (59.000 hectáreas) y la activación de 12 Comités Municipales de Reforma Agraria para canalizar la participación ciudadana.
Ana Jimena Bautista, directora de Gestión Jurídica de Tierras de la ANT, puntualizó que la titulación masiva se consolida como la estrategia más efectiva para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Al otorgar propiedad legal, el Estado fomenta el arraigo legítimo, desplaza las economías de guerra y ofrece una alternativa de vida digna en un territorio que empieza a cambiar las armas por escrituras y cosechas.