Alex Saab comparece en Miami acusado de lavado de dinero tras ser deportado

El acusado escuchó de la jueza Lauren Louis la acusación por una supuesta conspiración para blanquear dinero a través de movimientos financieros concebidos para disimular de dónde procedían los fondos, dónde estaban, quién los controlaba y quién era su verdadero propietario. La causa incorpora además referencias a presunto fraude electrónico, sobornos y desvío de fondos públicos venezolanos. Durante la comparecencia, el empresario y exministro chavista aceptó renunciar al derecho a un juicio rápido, una decisión que da más margen a sus abogados para preparar la estrategia de defensa.

El calendario judicial queda ahora pendiente del 24 de junio, cuando Saab deberá comparecer ante otro juez para la lectura formal de cargos y su declaración procesal. La acusación sitúa parte de las operaciones investigadas en tres condados de Florida: Palm Beach, Miami-Dade y Broward.

Saab, de 54 años, vuelve así por segunda vez a manos de la justicia estadounidense. Ya había sido acusado en 2019, durante la primera Administración Trump, por delitos relacionados con contratos públicos, sobornos, facturas falsas y blanqueo de capitales. Fue detenido en 2020 en Cabo Verde, durante una escala de reabastecimiento, en un viaje que el régimen venezolano presentó como una misión humanitaria de alto nivel hacia Irán. Después fue extraditado a Miami y permaneció preso en Estados Unidos hasta que Joe Biden lo indultó en 2023 dentro de un canje por estadounidenses encarcelados en Venezuela y por la entrega de un contratista de defensa prófugo.

Aquel indulto, sin embargo, fue limitado. Cerró la causa de Florida de 2019, vinculada al contrato de viviendas sociales que nunca se construyeron, pero no cubría otros posibles delitos. Por eso las autoridades estadounidenses siguieron investigando a Saab por nuevos frentes. La Fiscalía puede tener ahora una vía distinta: sobornos, lavado de dinero, contratos públicos, petróleo, sanciones, empresas pantalla y la arquitectura financiera que permitió al chavismo sostenerse durante años pese al cerco de Washington.

La Constitución ignorada

La nueva causa llega en un momento político singular. Saab no ha sido entregado por un tercer país, como ocurrió con Cabo Verde, sino por el propio poder venezolano que durante años lo convirtió en símbolo de resistencia frente a Estados Unidos. Delcy lo deportó como parte de una purga interna de empresarios ligados al madurismo y presuntamente enriquecidos con negocios corruptos bajo el poder de Maduro. El comunicado migratorio venezolano usó una fórmula calculada: lo definió solo como «ciudadano colombiano» implicado en varios delitos en Estados Unidos, pese a que Caracas había presentado anteriormente pasaportes venezolanos suyos y lo había defendido como diplomático propio.

Esa fórmula tiene una medida lectura constitucional. El artículo 69 de la Constitución venezolana establece que «se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas». El régimen decidió sortear ese obstáculo presentándolo como colombiano de nacimiento, sin explicar qué valor daba entonces a los documentos venezolanos con los que antes había justificado su defensa diplomática. Durante años, Saab fue descrito por el chavismo del que era parte como un «diplomático venezolano» inocente, «secuestrado» ilegalmente cuando viajaba a Irán para una supuesta misión humanitaria destinada a burlar el «bloqueo imperial» de Estados Unidos.

Delcy, que antes lo elogió en público como símbolo de resistencia frente a Washington, ahora ha guardado silencio sobre su entrega. También ha borrado mensajes antiguos en redes en los que lo defendía. El giro es político y a la vez es personal. Saab llegó a ser ministro de Industria y Producción Nacional en octubre de 2024, tras regresar a Venezuela por el indulto de Biden. Pero después de la captura de Maduro en enero, Rodríguez lo apartó del gabinete y le retiró su papel como principal canal para empresas extranjeras interesadas en invertir en Venezuela.

La deportación ha provocado malestar en sectores radicales del chavismo. Mario Silva, antiguo propagandista del régimen, cuestionó la legalidad de la entrega y dijo que violaba la prohibición constitucional de extraditar venezolanos, informa la agencia AP. También advirtió de que «nadie está seguro ahora mismo». Otros dirigentes, como Diosdado Cabello, han intentado justificar la operación con el argumento de que Saab nació en Colombia, una explicación que busca blindar jurídicamente una entrega políticamente explosiva.

Estados Unidos ha descrito durante años a Saab como el verdadero contable de Maduro, el hombre de confianza para mover dinero, contratos y negocios opacos. La Fiscalía podría usarlo ahora como testigo relevante contra el propio Maduro, que espera juicio por narcotráfico en Manhattan tras ser capturado por fuerzas estadounidenses en enero. Formalmente, Saab está en el Distrito Sur de Florida y no en la causa de Nueva York contra Maduro. Pero su información puede cruzarse con ese proceso. Conoce contratos, pagos, intermediarios, empresas, rutas del dinero y operaciones de PDVSA, la petrolera estatal.

De vuelta a Miami

Saab acumuló una fortuna mediante contratos con el Estado venezolano. La acusación de 2019 estaba vinculada a un contrato de viviendas sociales que nunca se construyeron y a un esquema de blanqueo de unos 350 millones de dólares a través del sistema cambiario de CADIVI. Ese juicio nunca llegó a celebrarse por el indulto de Biden. Pero el expediente dejó un mapa de empresas, transferencias y supuestas mordidas que ahora puede servir de base para nuevas líneas de investigación.

Otro frente es el programa CLAP, las cajas de alimentos importadas a precios inflados durante la hiperinflación venezolana. En una acusación de 2021 contra su socio Álvaro Pulido, Saab aparecía identificado como «co-conspirador». Según ese caso, habría ayudado a crear una red de empresas usada para sobornar a un gobernador chavista y obtener contratos para importar alimentos desde México a precios inflados. Era el negocio del hambre: arroz, harina de maíz, aceite y productos básicos para una población empobrecida, convertidos en fuente de enriquecimiento para intermediarios cercanos al poder.

También está la trama de PDVSA y las sanciones. Un gráfico del Tesoro norteamericano de junio de 2020 situó a Saab como parte de una red de evasión de sanciones en torno al petróleo venezolano. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, lo vinculó al mexicano Joaquín Leal Jiménez en una operación de petróleo por alimentos a través de empresas pantalla en México, entre ellas Libre Abordo y Schlager Business Group. En el centro aparecía PDVSA, la petrolera estatal venezolana, convertida durante años en caja financiera del chavismo.

Esa línea conecta a Saab con una estructura distinta a la del viejo caso de las viviendas sociales. No se trata solo de sobornos para adjudicar contratos o de facturas falsas, sino de cómo se movieron crudo, dinero, empresas pantalla, intermediarios y oper aciones internacionales para sostener financieramente al régimen pese a las sanciones de Estados Unidos. En esa red aparecían sociedades en México, Estados Unidos, Reino Unido y Singapur, además de vínculos con figuras como Tareck El Aissami, otro hombre fuerte del chavismo sancionado y acusado separadamente en Nueva York por violaciones de sanciones.

Saab ya había tenido contactos con las autoridades estadounidenses antes de su primera detención. Se reunió en secreto con la DEA, que es la agencia antidroga, y, en una audiencia cerrada de 2022, sus abogados revelaron que durante años ayudó a la agencia antidroga a desentrañar corrupción en el círculo de Maduro. Como parte de esa cooperación, entregó más de 12 millones de dólares en ganancias ilícitas.