Cuba a cinco años del 11-J: la revolución fallida que amenaza a un régimen en ruinas

El poder político y militar de La Habana respondió con una violencia desproporcionada. El mandatario Miguel Díaz-Canel, a través de los medios de propaganda, llamó «a los revolucionarios a la calle» y dio la «orden de combate» contra un pueblo que protestaba pacíficamente. La brutalidad desatada por las fuerzas especiales provocó confrontaciones en múltiples localidades; los disparos contra una población civil desarmada dejaron un saldo de decenas de heridos y la confirmación oficial de, al menos, un muerto.

La represión y el terror generalizados que se sucedieron en los meses posteriores, los encarcelamientos masivos, los juicios ejemplarizantes y las torturas psicológicas terminaron por derrumbar de manera irreversible el mito internacional de la «revolución cubana».

Si antes del 11-J el aparato coercitivo del Estado estaba focalizado en grupos específicos de oposición, activismo, periodismo independiente y disidentes políticos, a partir de ese día se expandió a los cubanos comunes. A todos aquellos que manifestaran el más mínimo descontento los consideraban «traidores a la patria».

Un lustro después, la radiografía de Cuba es la de un país en metástasis económica, social y demográfica debido al éxodo masivo. La isla se encuentra paralizada por apagones eléctricos que minan una cotidianidad precaria. Además, está gobernada de forma opaca por una mafia militar blindada en el conglomerado empresarial GAESA, que ha dejado claro estar dispuesta a cualquier coste humano con tal de preservar sus cuotas de impunidad, riquezas y poder.

La represión sistemática como política de Estado

Martha Perdomo apenas logra conciliar el sueño desde el 11-J. Sus dos hijos, Jorge y Nadir Martín Perdomo, fueron condenados a ocho y seis años de privación de libertad, respectivamente. Su madre asegura que ambos fueron torturados por la Policía política tras la detención. «Mis hijos son inocentes, no cometieron ningún delito, el régimen los incriminó de supuestos hechos violentos para justificar el encarcelamiento. El juicio fue un teatro», declaró a ABC.

En los registros audiovisuales de las protestas, los hermanos Perdomo figuran como líderes naturales de la concentración en su localidad, aunque en todo momento se les observa realizando llamamientos a la no violencia. No obstante, en la lógica totalitaria, poseer este tipo de liderazgo autónomo constituye un delito grave. A pesar de los rigores carcelarios, el confinamiento y los castigos directos, ambos continúan denunciando las infrahumanas condiciones higiénicas, la falta de atención médica y las constantes violaciones de derechos humanos a las que son sometidos los reos. Como mecanismo adicional de tortura familiar, el régimen reubicó a los hermanos en centros penitenciarios geográficamente distantes y de accesibilidad extremadamente compleja.

«Para la familia esto ha significado un desgaste psicológico y físico devastador. Ellos no son delincuentes, aunque el aparato oficial pretenda tratarlos como lo peor de esta sociedad», expone Martha con una mezcla de dolor e indignación.

Aunque el miedo paralizó a numerosos familiares durante las primeras semanas posteriores a las redadas, el dolor terminó por romper el silencio. Pronto centenares de padres, madres y esposas comenzaron a articular una red espontánea para visibilizar las denuncias. Esta resistencia pacífica provocó igualmente la ira de la Policía política. Ailex Marcano, madre del prisionero político Ángel Jesús Veliz Marcano, se vio forzada al exilio. Fue su propio hijo quien le suplicó que abandonara el país tras constatar que los funcionarios carcelarios utilizaban la integridad y la libertad de su madre como amenaza directa contra él.

Una realidad similar golpeó el hogar de Mailín Rodríguez Sánchez, esposa de Yosvani García Caso. Tras la detención y posterior condena de su esposo, Mailín quedó sola a cargo de sus tres pequeños hijos. «Nunca pensé pasar por esto, tuve que llevar a mis hijos al psicólogo, no entendían y yo no sabía cómo explicarles que su papá había sido encarcelado por ese mismo sistema que en la escuela les obligaba a gritar consignas como ‘Viva la revolución’ y ‘Seremos como el Che’».

Las organizaciones no gubernamentales y los observatorios independientes de derechos humanos han jugado un papel fundamental en el desmontaje de la narrativa oficial. La plataforma Justicia 11-J registró al menos 1.600 detenciones en el contexto de las protestas. De ese total, 337 continúan privados de libertad. La media de las condenas es de diez años, y al menos 167 cumplen penas de diez años o más. La sentencia más alta alcanza los 22 años de cárcel.

Institucionalización del castigo

A pesar del terror y los encarcelamientos ejemplarizantes, las protestas no han cesado en la isla. Cada mes se registran cientos de manifestaciones: cacerolazos contra los cortes de electricidad y marchas pacíficas en las que los ciudadanos exigen cambios políticos y condiciones de vida dignas.

Un ejemplo de esta insurrección latente ocurrió en marzo de este año en la localidad de Morón, provincia de Ciego de Ávila, en el centro del país. Lo que comenzó como una concentración pacífica contra los cortes de electricidad prolongados derivó en una manifestación masiva frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), el máximo símbolo del monopolio ideológico del país, en la que incendiaron parte del mobiliario. La respuesta de la dictadura replicó el guion tradicional: despliegue de tropas de asalto, cortes de comunicaciones telefónicas y detenciones indiscriminadas que incluyeron a adolescentes.

A las puertas del quinto aniversario del estallido del 11-J, Prisoners Defenders (PD) registra dos nuevos récords: 1.306 prisioneros políticos y, al menos, 40 detenciones de menores de edad. Tan solo al cierre del mes de junio, la ONG documentó 32 nuevos presos políticos, lo cual «confirma la escalada represiva del régimen para evitar nuevas protestas».

Un futuro incierto

El asfixiante calor del verano caribeño actúa nuevamente como un catalizador del malestar general. La población sobrevive en los límites de la indigencia y la élite pide sacrificios en nombre de «la revolución», mientras exhibe niveles de vida que entran en contradicción con el modelo socialista.

En este escenario de desgaste absoluto, la dinámica geopolítica del año 2026 ha introducido variables de extrema tensión dentro del tablero cubano. El incremento de las sanciones económicas y diplomáticas por parte de Washington, sumado al impacto provocado por la captura y procesamiento judicial de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, ha reconfigurado las expectativas de la ciudadanía de la isla.

«Hemos protestado de todas las formas posibles, hemos derramado sangre en las calles y visto a nuestros hijos ser arrastrados a las cárceles por el simple hecho de filmar una protesta. La caída de los aliados internacionales del régimen nos devuelve la mirada hacia el exterior, porque dentro solo nos queda el sálvese quien pueda», afirma una cubana cansada de tener que cocinar con leña y de pasar la noche abanicando a su bebé.

«Es como vivir atrapado en una relación abusiva», explica. Con frustración, compara la situación con «un marido que se pasa la vida golpeando y humillando a su esposa mientras ella grita pidiendo ayuda a sus vecinos para que se lo quiten de encima. Esperamos que este vecino, definitivamente, asuma el rol de protector y detenga esta barbarie, porque no quedan más cartas que jugar dentro de este infierno».