El Gobierno de Venezuela podría perder su derecho a voto en la Corte Penal Internacional (CPI) en la Asamblea que se desarrollará del 4 al 14 de diciembre debido a la deuda millonaria que tiene con esta organización.
Caracas adeuda 13,4 millones de euros, esto debido a que no cancela las cuotas desde noviembre de 2018.
Ante esto, la organización venezolana de derechos humanos, Provea, lamentó que en vez de cancelar los compromisos, el régimen de Nicolás Maduro «sí paga abogados europeos para evitar que siga la investigación por crímenes de lesa humanidad, Venezuela I».
La información sobre dicha deuda fue publicada en el informe financiero de la CPI, el cual tiene fecha del 15 septiembre 2023.
Sobre esto,Provea explicó que hay una posibilidad de que la semana entrante la administración de Maduro pida nuevamente una excepción para poder votar, tal como lo hizo el año pasado y la cual le fue otorgada.
Caracas ha alegado, en otras ocasiones, que las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea le impiden cumplir con sus obligaciones financieras.
La ONG resaltó que «La misma excusa fue planteada por los abogados europeos del Estado en la audiencia pública el 7 y 8 de noviembre ante la Sala de Apelaciones de la CPI, para alegar el impacto económico de las traducciones de documentos del español al inglés o francés».
Fuente de TenemosNoticias.com: www.analitica.com
Publicado el: 2023-12-01 16:00:00
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