Isabel Pereira Pizani: Venezuela ante la gran encrucijada

Lapatilla

septiembre 18 2023, 3:05 pm

En el siglo XX Venezuela se convirtió en un Petro-Estado minero exportador, cuyo resultado más notorio fue la concentración del 60% de los habitantes y de la inversión industrial en la fachada Norte Caribe. Bajo ese modelo, el gran generador de los ingresos fiscales del país ha sido Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), empresa propiedad del Estado que, en 2013, producía 3,02 millones de barriles diarios de crudo y procesaba 1,2 millones de barriles diarios de combustible en el sistema nacional de refinación. Mantenía 231.000 millones de dólares estadounidenses en activos, plantas y equipos, 84.000 millones en patrimonio neto y arrojaba 12.000 millones en ganancias. Fue clasificada por el Petroleum Weekly Report como la quinta empresa petrolera más influyente del mundo en 2013.

Entre 2004 y 2013, los ingresos por petróleo alcanzaron los 700.000 millones de dólares, lo que equivalía al 96% de los ingresos por exportación del país.

Con los cambios políticos ocurridos durante las dos décadas anteriores, el rumbo de la industria petrolera ha tomado un giro distinto. El último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mostró que Venezuela produjo sólo 527.000 barriles de petróleo al día en septiembre de 2021. Esto equivale a una caída de 2,49 millones de barriles diarios; es decir, una disminución del 82,9% de la capacidad de producción de petróleo en comparación con los niveles de 2013. Ningún país perteneciente a la OPEP ha sufrido una caída tan drástica como la experimentada por Venezuela; salvo en los casos de agotamiento de las reservas o por la participación en episodios bélicos internos y externos.

Para recuperar su plena capacidad, los expertos petroleros señalan que PDVSA exigiría una inversión de 25 mil millones de dólares durante los siguientes 8 años.

Esta posibilidad, algo incierta de lograr el financiamiento para recuperar PDVSA, tropieza con grandes escollos. El primero es el relativo a la situación actual de la empresa petrolera, carente de condiciones mínimas para su relanzamiento. Hoy en 2023 la principal industria petrolera como denuncian Leonardo Vera y Francisco Monaldi está saqueada, sin ganancias operativas, ni inversión. Sin gente capacitada, con una deuda impagable. Viviendo del financiamiento del Banco Central de Venezuela (BCV).

La segunda limitación es el indetenible reemplazo de los combustibles fósiles que luce inevitable como tendencia mundial. Tal como está ocurriendo en la Toyota, un excelente ejemplo de su visión de futuro y de otras compañías que podrían llamarse Eternas, que sirven de guía para el desarrollo de grandes empresas en el mundo.

Para responder a los rápidos cambios del mercado, Toyota ha desarrollado una vía de crecimiento y expansión denominada “Hidrogen Factory” una alternativa tecnológica que podrá tomar decisiones desde ventas hasta desarrollo y producción. Indudablemente el desarrollo hacia el Hidrogeno verde corre muy apresuradamente en el mundo, China ya construyó su primera gran planta, en el mismo camino están Arabia Saudita, Australia, Chile, España, Francia, Aruba y recientemente México.

Según los informes técnicos, las ventajas que otorga tener grandes reservas petroleras y de gas se perderán en menos de dos décadas y con ello toda su competitividad como fuentes primordiales de energía.

Aquí surge el tema de la “Encrucijada” que puede enfrentar Venezuela en un futuro inmediato, siendo un principio económico universal aceptar que los recursos siempre son escasos, sobre todo los financieros, es crucial para el presente y el futuro que el país decida: invertir en una industria petrolera en ruinas y de futuro incierto o iniciar una estrategia alternativa orientada a reactivar otras ramas industriales, la agroalimentación, la agroindustria, la industria en general.

Aparentemente el sector ideológico alineado con el gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún plan a futuro. Destruyeron la industria petrolera, debilitaron las actividades agroalimentarias y la capacidad industrial del país la cual ha decrecido en un 70%. Fruto de políticas expropiatorias, controles gubernamentales, multas, restricciones, manejo administrativo corrupto por parte de las autoridades gubernamentales, concentrados y ocupados en aplicar multas a los emprendedores, bajar Santamarías; es decir, cerrar, penalizar las empresas industriales en lugar de propiciar su expansión y crecimiento económico. Una curiosa fobia anti-empresa, cualquiera sea su tamaño y su especialidad.

Reactivar la actividad agrícola, pecuaria, agroindustrial, forestería, la producción acuífera, costaría mucho menos que invertir en el rescate de PDVSA que absorbería todas las posibilidades financieras durante las próximas décadas. Cálculos de Fedeagro indican que aplicando un capital aproximado de 1.500 millones de dólares se obtendrían respuestas rápidas del sector agroalimentario, capaz de producir el 70% de los bienes requeridos por la población.

Otra gran ventaja que contiene la expansión agroalimentaria es la posibilidad cierta de extender la frontera agrícola. Venezuela posee 91 millones de hectáreas de tierras, de ellas 30 millones de hectáreas con potencial agrícola, 9 millones de hectáreas han sido intervenidas por el Instituto Nacional de Tierras (INTI). En producción por el sector privado se encuentran más de 4 millones, contraviento, marea y un conjunto de instituciones estatales enemigas del crecimiento, desconectadas, militarizadas, sin estrategia, opuestas ideológicamente a quienes producen; en lugar de apoyar el crecimiento penalizan al empresariado con iniciativa. Este balance territorial indica que tendríamos un total de 17 millones libres para expansión agroalimentaria.

Adicionalmente es notable la existencia de una tradición y cultura ligada a las actividades agrícolas. En 16 estados del país la economía agroalimentaria constituye una actividad productiva relevante, y en 10 de ellos representa la actividad económica fundamental que ocupa a la población trabajadora, salvo alguna oficina pública.

En resumen, en lo inmediato tendríamos 17 millones de hectáreas para expandir la frontera agrícola, y con ello la actividad agroalimentaria. Otra ventaja de la actividad agroalimentaria es la posibilidad de generar una oferta exportadora de alimentos de alta rentabilidad tal como ha sido la experiencia de países como Nueva Zelanda, Chile, Holanda y Perú, utilizando los avances en ciencia y tecnología, digitalizando totalmente los procesos agrícolas, con nuevos productos como el kiwi, arándanos, aumentando con ello las posibilidades de mayor rentabilidad de los productores y del país.

Avanzar a un modelo distinto a la actividad minero-exportadora en manos de una empresa propiedad del Estado, estilo PDVSA, con manejo altamente concentrado, sugiere de inmediato la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de gobernabilidad en el cual concurrirían como actores primordiales la fuerte y amplia organización gremial existente en todas las áreas de actividad agrícola, representativa de todos los sectores de producción, procesamiento y comercialización. Los sectores productivos tendrían una cuota fundamental de poder en las decisiones económicas, en las políticas públicas, en las decisiones de inversión del Estado que se tomen en el país. No más barcos fantasmas llegando a los puertos de forma subrepticia, contratados por intereses ocultos y con una disfrazada protección de las instituciones públicas. Cargamentos que arriban a nuestro territorio con cargas de productos alimentarios que desplazan a los productores nacionales, sin pagar aranceles y sin control de calidad de sus productos, en total atentado contra la salud pública de nuestros consumidores.

La expansión agroalimentaria, industrial y agroindustrial otorga por primera vez al país la oportunidad de una verdadera democratización económica, pues asigna a los productores, procesadores y distribuidores una gran responsabilidad en las tomas de decisiones políticas que afecten a los productores y a los consumidores. Una conducta totalmente diferente al manejo concentrado de las instituciones públicas, cuyos fines en la mayoría de los casos se apartan de la racionalidad económica y se orientan más específicamente a la conservación de cuotas de poder político.

Adicionalmente, pero igualmente importante, es la necesidad de valorar las grandes ventajas que poseemos al ser el quinto país del mundo con mayor reserva de agua y el privilegio de tener un territorio cubierto por luz solar durante todo el año. Condiciones naturales que se potencian por el cubrimiento territorial total por vías de comunicación las cuales son totalmente mejorables; un sistema vial que permite conectar las zonas productoras desde todos los confines del territorio a los principales mercados del país.

Hoy podemos constatar que el foco de interés primordial para el actual régimen consistió, como expresan en su Plan de la Patria, en “Consolidar el control del aparato agroindustrial en manos de empresas del Estado y gestión socialista, que garantice al menos 60% de la capacidad de almacenamiento y procesamiento en rubros básicos y 30% en el resto de los rubros alimenticios”, un beneficio donde priva el interés político de control sobre la posibilidad de tomar una senda de productividad, inclusión y sostenibilidad, imprescindible para vencer la pobreza que cubre nuestro territorio. En los planes gubernamentales el interés fundamental es “establecer nuevas formas de organización social y empoderamiento del Poder Popular Campesino, auspiciando la organización socio productiva rural”. El objetivo posible no puede ser otro que trascender las definiciones ideológicas que marcan las políticas del Estado y avanzar hacia una modalidad de Desarrollo Rural Integral que integre el mundo rural, los pueblos, los productores, la población rural en todas las edades y coyunturas a un proceso que permita el desarrollo de todas sus potencialidades individuales y colectivas, y que los convierta en actores de los procesos de transformación del país.

Un gran objetivo de esta propuesta seria lograr que la tradicional migración rural-urbana diera un vuelco y en lugar de tener poblaciones en éxodo por la miseria y la falta de recursos, por la carencia de servicios básicos, falta de oportunidades educativas para las nuevas generaciones, revertir esa dolorosa trashumancia hacia los núcleos de concentración marginal urbana. Abrir, para quien lo desee, la posibilidad de habitar en un pueblo de la tradicional ruralidad con todas las posibilidades abiertas con acceso a las mismas ventajas y prerrogativas que cualquier ciudadano habitante de las más grandes concentraciones urbanas.

Para finalizar, repito la pregunta del experto y filosofo David Morán: El fondo público de pensiones está quebrado. PDVSA también. En un cambio de gobierno no hay dinero para recuperar ambas. Es uno o lo otro. Busco tu opinión. ¿Cuál recuperarías con dinero público? PDVSA o el Fondo de Pensiones. Piensa…