Este 2023 no era un año electoral de acuerdo con los períodos constitucionales establecidos para los cargos de elección popular en Venezuela. Aún así, el año termina con dos elecciones, las primarias opositoras y el referendo consultivo sobre el Esequibo, que en parte anticipan cómo viene 2024, cuando debe elegirse al presidente de la República.
En el ínterin, se firmó un acuerdo inesperado entre Miraflores y la oposición, representada por la Plataforma Unitaria Democrática, que también deja ver algunas señales de lo que podría esperarse en el nuevo año, al menos, en lo político.
A continuación un balance de lo que ha ocurrido en materia política a un mes de finalizar 2023:
La «sorpresa» de un nuevo CNE
Pese a que el período de los nuevos rectores designados en 2021, producto de un acuerdo político entre Miraflores y la oposición, era de siete años según la Constitución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) fue «disuelto» en el mes de junio, tras la renuncia de los rectores vinculados con el chavismo, encabezados por el presidente Pedro Calzadilla.
Las dimisiones obligaron a los cuatro rectores principales y suplentes vinculados con la oposición a dejar el cargo para «facilitar» un nuevo nombramiento por parte de la Asamblea Nacional (AN) de 2020, que se hizo efectivo el 24 de agosto.
El nuevo CNE, que tendrá la tarea de organizar las presidenciales de 2024, así como las elecciones de la AN y los comicios regionales de 2025, quedó conformado por el excontralor general de la República, Elvis Amoroso (presidente), Carlos Quintero (vicepresidente), la exsecretaria de la AN y viuda de Darío Vivas, Rosalba Gil (vinculados al chavismo) y por Aimé Nogal y Juan Carlos Delpino (vinculados con la oposición).
La designación de Amoroso, ejecutor de inhabilitaciones políticas contra dirigentes de oposición, entre ellos María Corina Machado, fue interpretado por analistas como un acto para «desestimular el voto» en los comicios presidenciales.
Acuerdo político en Barbados
El 17 de octubre, cuando se daba casi por perdido el proceso de negociaciones iniciado en 2021 en México, con la mediación de Noruega, el gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria anunciaron la firma de dos acuerdos parciales en Barbados.
Esta vez fue Estados Unidos y las sanciones internacionales el principal elemento de presión para que Miraflores aceptara sentarse en la mesa.
Uno de los acuerdos firmados tiene que ver con «la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos» y el otro con «la protección para los intereses vitales de la nación».
El primero tiene que ver directamente con las garantías que debe otorgar la administración de Maduro para que las presidenciales de 2024, que se fijan para el segundo semestre del año, sean libres y democráticas, a cambio de un levantamiento progresivo de sanciones por parte de EEUU.
Además contempla el reconocimiento de las partes y el respeto al derecho de cada actor político a seleccionar a su candidato para las próximas elecciones, la observación internacional, la actualización del Registro Electoral, entre otras.
En el otro acuerdo se ratificó la defensa del territorio Esequibo frente a las pretensiones de Guyana de anexarlo a ese país y de los activos de la República en el exterior, especialmente de Citgo que se ha visto amenazada por demanda de los acreedores.
Una consecuencia inmediata de la firma fue la liberación de los presos políticos Juan Requesens, Roland Carreño, Marco Antonio Garcés Carapaica y Eurinel Rincón la noche del jueves 19 de octubre. Esto después de que la administración estadounidense otorgara licencias que autorizan transacciones relacionadas con el sector de petróleo, gas y oro en Venezuela.
También lo fue la celebración de las primarias el 22 de octubre como estaba previsto, tras serias amenazas del poder político para que no se realizaran. Igualmente se abrió, aunque por poco tiempo (menos de 15 días), el Registro Electoral para su actualización y nuevas inscripciones.
Primarias llenas de obstáculos
Desde su convocatoria en enero, las primarias que la oposición organizó este año, tuvieron múltiples obstáculos, los principales, la negativa del CNE a prestar asistencia técnica, lo que dificultó la ubicación de los centros de votación, persecución contra miembros de juntas regionales para que renunciaran a sus funciones y una sentencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que amenazaba con impedirla pero que nunca llegó a ejecutarse.
Además, las inhabilitaciones políticas contra tres de sus candidatos, Henrique Capriles, Freddy Superlano y Machado. Mientras, el país se vio envuelto en una campaña electoral por la presidencia anticipada.
Tras el acuerdo de Barbados, las primarias pudieron consumarse el 22 de octubre como estaba previsto.
Luego de presentar inconvenientes con la transmisión de datos desde las regiones por un denunciado bloqueo digital, la Comisión Nacional de la Primaria informó sobre el triunfo de Machado con 92% de la votación, con una participación que estuvo muy cerca de los 2.500.000 electores.
La cifra fue considerada un éxito por organizadores y analistas y no gustó al poder político en Miraflores. Apenas una horas después, voceros del chavismo —desde Maduro para abajo— denunciaron «fraude» y afirmaron que la cifra de votantes no superó las 500.000 personas.
El 30 de octubre, el TSJ emitió una sentencia para «suspender» todos los efectos de las primarias y para intentar obligar a los organizadores a entregar los cuadernos de votación.
El Ministerio Público citó en calidad de investigados al presidente de la Comisión, Jesús María Casal; a la vicepresidenta, Mildred Camero, y al integrante de la instancia y directivo de Súmate, Roberto Abdul. Hasta ahora no se conocen avances de tal investigación.
Dichas acciones judiciales fueron considerada un «retroceso» del acuerdo de Barbados, así como el hecho de que aún Miraflores no da señales de querer levantar, vía Contraloría General, las inhabilitaciones políticas, especialmente contra Machado, quien según sondeos, derrotaría a Maduro en las presidenciales.
Referendo «relámpago»
Como respuesta a las primarias opositoras y en un intento por levantar la popularidad de Maduro de cara a las presidenciales —al envolverlo con el manto del «nacionalismo»— el chavismo organizó un referendo consultivo sobre el Esequibo para el 3 de diciembre, organizado por el CNE, por iniciativa de la AN de 2020, anunciada el 21 de septiembre.
El 20 de octubre, el CNE fijó fecha para la consulta popular: 3 de diciembre y tres días después aprobó las cinco preguntas que se le harían a los electores. De inmediato comenzó una agresiva campaña a favor de la participación en el referendo y del «sí» a cada pregunta. No han faltado los calificativos de «traidores a la patria» y «entreguistas» a quienes como Machado, dijeron no avalar la consulta.
Voceros de partidos políticos como Henry Ramos Allup de Acción Democrática (AD) y Capriles de Primero Justicia anunciaron que votarían pero sin hacer campaña por el sí o por el no.
Un Nuevo Tiempo (UNT) y la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática se adhirieron al referendo pero tampoco hicieron campaña, salvo un acto de Manuel Rosales con la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el Zulia para «sumarse» a la defensa del Esequibo.
Analistas políticos señalaron que con dicho proceso electoral «sobrevenido» el objetivo del chavismo es poner a prueba la movilización del llamado «voto duro» y si los mecanismos de «control social» para obligar el sufragio a su favor aún funcionan, además de desplazar de la opinión pública el tema de las primarias opositoras.
No han faltado las «alertas» sobre las implicaciones del referendo para el juicio que se sigue en la Corte Internacional de Justicia, a partir de las preguntas 3 y 5. La número tres desconoce la jurisdicción de la Corte para tratar la disputa territorial entre Venezuela y Guyana, lo que incluye el riesgo de que la representación nacional se retire de la defensa del Esequibo.
La número 5 plantea la creación del estado Guayana Esequiba para anexar la zona en reclamación al mapa venezolano. Expertos se preguntan si Venezuela recurrirá a la fuerza para ocupar ese territorio.
El viernes 1 de diciembre la CIJ se pronunció sobre la disputa entre Venezuela y Guyana por las medidas cautelares que Guyana solicitó para impedir el referendo consultivo sobre el territorio Esequibo que se realizará este domingo 3 de diciembre en Venezuela.
Los magistrados del tribunal de Naciones Unidas ordenaron a los dos países abstenerse de ejecutar acciones que agraven el conflicto por la disputa de la zona de la Zona en reclamación, pero se abstuvieron de pedir a Venezuela no realizar la consulta popular.
Además, mostraron su preocupación por la pregunta número 5 del referendo que propone crear el estado Guayana Esequiba, interrogante que Guyana considera es una forma de anexionarse el Esequibo.
Las presiones de EEUU
El gobierno de Estados Unidos, que ha estado flexibilizando sanciones a partir del acuerdo de Barbados, dio un ultimátum al gobierno de Maduro para que a más tardar el 30 de noviembre, presentara una ruta para el levantamiento de las inhabilitaciones políticas contra opositores, so pena de volver a endurecer las medidas.
Buena parte de lo que ocurrirá en 2024 dependerá de lo que pueda ceder Miraflores en cuanto a garantías electorales. El chavismo madurismo ha dado señales de no estar dispuesto a perder el poder pero también necesita recursos que entrarían al país como consecuencia del levantamiento de sanciones para intentar mejorar aspectos como el salario de los trabajadores públicos y con ella su popularidad.
Está por verse hasta dónde presionará EEUU y hasta dónde retrocederá Maduro.
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Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2023-12-09 11:45:00
En la sección: Política – Efecto Cocuyo