Claves | En qué falla el Estado venezolano para proteger DDHH, según el Comité de la ONU

El Comité de la ONU evaluó la situación venezolana desde 2015 hasta 2023. El panorama que demuestran las recomendaciones es desolador. El Estado debe entregar información detallada, a más tardar el 3 de noviembre de 2026, sobre la aplicación de las nuevas recomendaciones

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas entregó el viernes 3 de noviembre sus observaciones finales sobre el cumplimiento del Estado venezolano al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. En el informe se resumen 21 motivos de preocupación y recomendaciones del Comité sobre la situación venezolana, que fue evaluada en dos sesiones públicas los días 10 y 11 de octubre en Ginebra.

Para Acceso a la Justicia, Venezuela sencillamente no pasó el examen en la defensa de DDHH. «Los tenues pasos positivos se reducen a medidas legislativas pendientes de aplicación efectiva y, en muchos casos, incumplidas por órganos del poder público».

El Comité evaluó la situación venezolana desde 2015 hasta 2023. El panorama que demuestran las recomendaciones es desolador. El Estado debe entregar información detallada, a más tardar el 3 de noviembre de 2026, sobre la aplicación de las nuevas recomendaciones formuladas por esta instancia de la ONU.

Pero cuáles son las fallas específicas de Venezuela y, en particular de la administración de Nicolás Maduro, para la protección de derechos civiles y políticos. A continuación, se resumen:

1. El Estado venezolano no ha adoptado todas las medidas institucionales y legislativas necesarias para que los derechos protegidos por el Pacto se reconozcan íntegramente en el ordenamiento jurídico interno.

2. El Estado no ha hecho efectivos los dictámenes aprobados en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto, incluidas las decisiones Brewer Carias vs Venezuela y José Luis P. Salazar vs Venezuela. Tampoco ha informado si existe un procedimiento específico para hacer efectivas estas medidas.

3. Existe un evidente retraso en la aprobación del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos. Tampoco se ha hecho público el Plan Nacional contra la Trata de Personas 2021-2025, pese a que las autoridades se comprometieron a su publicación ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) en mayo de este año.

4. La Defensoría del Pueblo no está en conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales (Principios de París), luego de ser rebajada a la categoría B en 2016. Le preocupan al Comité los informes que aluden a la incapacidad de la Defensoría del Pueblo de pronunciarse sobre los problemas de derechos humanos de forma equilibrada, imparcial y objetiva, poniendo en duda la independencia de esa institución.

5. El Comité de la ONU resaltó la corrupción generalizada en muchos ámbitos de la vida pública. En particular, observan con preocupación la falta de acceso a información pública sobre la utilización del presupuesto general del Estado y del manejo del presupuesto público en todas las instancias y niveles del Estado, así como información sobre las empresas y los procedimientos de contratación pública.

6. El Estado venezolano tampoco garantiza los derechos humanos fundamentales o investiga las violaciones a estos de forma eficaz en contexto de estados de emergencia.

7. A pesar de que el Comité reconoce algunas medidas del Estado venezolano para garantizar los derechos de las personas Lgbti, manifestaron su preocupación por el incremento de denuncias de violencia, incitación al odio y discriminación contra esta comunidad.

Se destacó la falta de una ley que garantice el derecho de las personas transexuales a su identidad de género auto percibida, así como la falta de reconocimiento jurídico y de protección de las parejas del mismo sexo y de las familias homoparentales.

8. El Comité destacó la persistencia de estereotipos discriminatorios y de actitudes patriarcales arraigadas acerca del papel y de las responsabilidades de la mujer, especialmente afectando a las mujeres provenientes de zonas rurales y empobrecidas; así como la escasa representación general en la vida política y pública, en particular en los puestos decisorios, incluyendo en las empresas del sector privado.

9. En Venezuela, según lo expresado por expertos del Comité de la ONU, hay una alta incidencia de violencia de género, incluyendo los casos de feminicidio, así como los altos índices de mortalidad materna, abortos clandestinos y embarazos adolescentes. Condenaron las esterilizaciones bajo coacción durante la implementación del Plan Quirúrgico Nacional.

10. En el país se siguen registrando presuntas ejecuciones extrajudiciales y sumarias, desapariciones forzadas de corta y larga duración, detenciones arbitrarias, uso de torturas y tratos crueles para obtener confesiones o fabricar expedientes, reclusión en casas clandestinas y privación de la vida por motivos políticos o contra personas vistas como opositoras por parte de cuerpos de seguridad civiles y militares, además de colectivos.

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11. En Venezuela se registran altos indíces de hacinamiento en cárceles, traslados sin órdenes judiciales y derechos básicos de los presos –alimentación o acceso a tratamiento médico– son garantizados por los propios familiares.

12. La detención preventiva se sigue utilizando más allá del período legalmente establecido. También se tramitan nuevas órdenes de detención contra personas recluidas tras la emisión de la orden de liberación. Las personas detenidas o privadas de libertad no siempre disfruten, en la práctica, de todas las salvaguardias jurídicas fundamentales desde el momento de la detención.

13. Se han incrementado las formas contemporáneas de esclavitud, como la trata con fines sexuales y el trabajo infantil en las zonas mineras, especialmente en el arco minero del Orinoco y en otras partes de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, incluso producido por la presencia de grupos armados y criminales no estatales relacionados con las actividades de extracción.

Niños venezolanos buscan oro en una mina a cielo abierto en el estado Bolívar, al sur del país, el 29 de agosto de 2023 © Magda Gibelli / AFP

14. En Venezuela también persisten los desplazamientos forzados internos, particularmente en los estados fronterizos y en las zonas mineras, sobre todo de las comunidades indígenas y campesinas por las actividades criminales que allí se registran. A los pueblos indígenas tampoco se les consulta para la aprobación de políticas extractivas de la industria petrolera, minera o en materia de conservación ambiental. El proceso de demercación de tierras ancestrales avanza lentamente y desde 2011 tampoco existe un censo actualizado de este sector de la población.

15. La situación de los jueces, juezas y fiscales mayormente sigue siendo provisoria. La independiencia, autonomía e imparcialidad del Tribunal Supremo de Justicia está comprometida por los vínculos partidistas de algunos jueces y magistrados.

16. Se cercenan los derechos de participación política con la destitución de representantes públicos elegidos democráticamente, su ilegal arresto y la negación de sus privilegios e inmunidades constitucionales.

17. Se registran graves restricciones a la libertad de opinión y expresión, a través del acoso, intimidación, difamación y arresto de periodistas y otros trabajadores de la prensa; así como el uso de la Ley contra el Odio; el robo y confiscación de equipos a radios y televisoras; la arbitrariedad de Conatel en la aprobación de licencias; y la denegación de entrada a periodistas extranjeros.

18. El Comité de la ONU expresó que, pese a la disminución de las protestas sociales, continúan las denuncias de que en estas manifestaciones se registra la presencia y represión por los cuerpos de seguridad, la Fuerza Armada y colectivos.

19. El Estado venezolano limita el funcionamiento de organizaciones no gubernamentales, sindicatos y partidos políticos. Además se han iuncrementado las denuncias sobre la detención de sindicalistas a través de cargos penales como asociación criminal e incitación al odio, y la intervención judicial en sindicatos, federaciones, colegios profesionales de abogados e incluso en partidos políticos, mediante la imposición de las juntas directivas por los tribunales.

20. En cuanto a la situación de niños, niñas y adolescentes, hay persistentes dificultades y retrasos en los procesos de registro y de entrega de certificados de nacimiento. El Comité de la ONU expresó su «grave preocupación» por la información recibida de que niños, niñas y adolescentes están sometidos a las peores formas de trabajo infantil, siendo éstos utilizados en trabajos pesados y de alto riesgo, incluyendo en la extracción de oro en las minas ilícitas.

21. Persisten las restricciones al espacio democrático, ya sea por acción u omisión, de instituciones como el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo, la Contralaría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia, por medio de la inhabilitación política para impedir que miembros de la oposición se postulen a cargos públicos, el retiro del derecho al voto directo y secreto de los pueblos indígenas y las interferencias para la inscripción en el Registro Electoral a personas entre los 18 y 35 años, lo que impide su participación en elecciones.

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