Organizaciones no gubernamentales en Venezuela denunciaron que la abogada Rocío San Miguel fue detenida de forma arbitraria y no ha sido presentada en tribunales a casi 70 horas de su arresto, lo que es una violación al debido proceso establecido en el artículo 49 de la Constitución del país.
Activistas rechazaron el anuncio del fiscal Tarek William Saab, que en la tarde de este 11 de febrero señaló que las autoridades detuvieron a San Miguel por estar presuntamente vinculada al un supuesto plan conspirativo contra el gobierno de Nicolás Maduro.
“En el caso de Rocío San Miguel fue detenida sin saber que contra ella pesaba una orden de aprehensión o captura y sin que se le haya permitido tener contacto con su familia y abogados. Ambos hechos son contrarios a lo señalado en la Carta Magna y constituyentes de desaparición forzada”, explicó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en la red X.
El Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (Ipys) recordó que hasta el momento el Ministerio Público no ha informado dónde se encuentra la abogada:
“Desde IPYS Venezuela rechazamos la detención de Rocío San Miguel, y exigimos: garantías plenas para preservar su vida e integridad personal, respuestas sobre su paradero y las condiciones en que se encuentra, respeto al derecho al debido proceso”, publicó la organización.
Provea exige liberación
“Exigimos la inmediata liberación de la presidenta de la ONG Control Ciudadano y hacemos un llamado a la solidaridad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo, a seguir posicionándose firmemente a favor del respeto y garantía de los derechos humanos en Venezuela”, publicó Provea en su sitio web este domingo.
La organización denunció que San Miguel habría sido detenida por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) un organismo de seguridad adscrito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).
Rechazó la falta información sobre el paradero de la activista, quien tiene medida cautelar de protección por parte de la Corte Interamericana de DDHH, y expresó preocupación por su integridad física y psicológica.
“Esto preocupa especialmente ya que la sede de la DGCIM, ubicada al noreste de Caracas, se ha convertido, junto a la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), en los epicentros de la tortura en los últimos años. En ambos recintos, se concentró el 43,19% del total de casos de torturas registrados por Provea a nivel nacional entre 2018 y 2022”, explicó Provea.
Finalmente, apuntó también que la desaparición forzada constituye una múltiple violación de Derechos Humanos y va en contra de los acuerdos internacionales firmados por Venezuela, entre ellos la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas.
Related
Fuente de TenemosNoticias.com: efectococuyo.com
Publicado el: 2024-02-11 19:20:21
En la sección: Política – Efecto Cocuyo