Oposición “espera por la ONU” para aprobar primer fondo del acuerdo social

La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, afirmó a Efecto Cocuyo que esta instancia evalúa usar parte de los recursos del Banco Central de Venezuela (BCV) ad hoc para comenzar a implementar el acuerdo social.

El proyecto legislativo, que está “casi listo” –según aseguró–, destinaría un porcentaje de los 147 millones de dólares de la República que custodia el BCV ad hoc al fondo fiduciario que administrará la Organización de Naciones Unidas (ONU) para prestar atención humanitaria a sectores vulnerables del país.

Esta fue una solicitud que Transparencia Venezuela y otras organizaciones de la sociedad civil, como Cáritas y Acción Solidaria, plantearon a la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria como una forma de hacer más “expedita” la creación de dicho fondo que sigue sin materializarse, a pesar de que han transcurrido ocho meses desde que la mesa de negociación lo consintió.

No obstante, una parte de los recursos en disposición del BCV ad hoc (a los que Nicolás Maduro no puede acceder por las sanciones que recaen en su contra) debe destinarse al “Fondo de Litigios”, explicó Figuera.

“De ese monto sale el pago de la defensa de activos, de los bufetes de abogados; por eso, el porcentaje que se va a destinar es lo que está en discusión. Algunos piensan que debe aprobarse en dos partes condicionado al cumplimiento del acuerdo por parte del régimen”, precisó en entrevista telefónica concedida este miércoles 9 de agosto.

Figuera subrayó que en la Asamblea Nacional hay voluntad política: “Desde el punto de vista institucional hemos actuado en donde sabemos que existen recursos que pueden ser transferidos no al régimen sino al fondo social”.

“Se justifica plenamente porque sabemos la situación dramática que está viviendo el país, el tema ahí es que hasta que no exista el fondo de la ONU no podemos concretar la decisión, estamos esperando por el fideicomiso para hacerlo efectivo”, agregó.

También dejó claro los temores de que la ayuda huamanitaria se instrumentalice con fines políticos. En este sentido, la intervención de la Cruz Roja venezolana no es una buena señal.

“Puedo pensar que esos cambios que se han dado en la Cruz Roja tienen que ver con un interés particular ante la posibilidad de que, en efecto, lleguen los 3 mil millones de dólares para ser administrados. Me genera suspicacia en cuanto a que los acuerdos sean irrespetados por parte del régimen y que la ayuda humanitaria no llegue a quien tenga que llegar”, cuestionó.

Fondo del acuerdo social

El acuerdo, firmado el 26 de noviembre de 2023 en México, por las delegaciones de la Plataforma Unitaria y del gobierno nacional establece la creación del “Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano” con recursos pertenecientes al Estado venezolano “congelados” en el sistema financiero internacional.

El documento señala que “será necesario obtener las autorizaciones y aprobaciones que competen a instituciones y organismos extranjeros, pues dichos recursos se encuentran en instituciones bancarias o financieras en el exterior de Venezuela”.

Igualmente, se indica que los recursos serán incorporados progresivamente como contribuciones para atender necesidades priorizadas en materia eléctrica, alimentaria y de infraestructura.

Por los jefes de las delegaciones se conoció que el monto total es de 3 mil millones de dólares. Una suma que debía ser alcanzada por ambas delegaciones responsables de identificar los activos líquidos o liquidables en distintos países.

Sin embargo, el vocero de la delegación opositora, Gerardo Blyde, responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro de no cooperar: “Tienen más información sobre esos fondos que lo que puede tener esta delegación y saben perfectamente cuáles son los problemas que tenemos que resolver”, dijo en una rueda de prensa que ofreció en enero de este año.

En esa oportunidad también explicó que había documentos que se tenían que firmar y “afinar algunos detalles técnicos para poder avanzar”.

Pero, ¿qué impide la constitución del fondo de la ONU?

Figuera recordó que una primera limitación tenía que ver con si se activaba algún procedimiento en Estados Unidos, los fondos podían ser sensibles a las demandas de los acreedores a los que Venezuela adeuda. “Pero entiendo que EEUU garantizaría la protección, tomando en cuenta que el objetivo es humanitario”.

El integrante del Consejo de Administración y Protección de Activos (Capa), Yon Goicoechea, declaró a Efecto Cocuyo que “hasta el momento no existe un fondo social a donde enviar el dinero, la ONU no lo ha creado aún, no tiene entidad jurídica, cuenta, etc. Ha sido un proceso largo”.

“La oposición ha manifestado muchas veces su voluntad de avanzar. Incluso, la AN está lista para hacer un primer aporte. El tema es que, como te digo, no hay dónde mandarlo. La ONU debe crearlo”, destacó.

Goicoechea también explicó que las Naciones Unidas, como creadora del fondo, ejecutará los recursos que allí se depositen, usando para ello a sus implementadores: “La ONU haría las licitaciones, manejaría administrativamente el fondo, etc. Entonces dudo que se puedan designar a dedo asignaciones presupuestarias a las ONG”.

Sobre los obstáculos que impiden la creación de dicho fondo dijo no tener detalles.

Otra fuente relacionada con la mesa de negociación ratificó que la ONU aún no ha creado el fondo y que la delegación opositora ha explorado todas las opciones para lograr alimentar esa instancia, una vez entre en funciones.

No obstante, lo actores de la sociedad civil no tienen conocimiento sobre el acuerdo que discute el Legislativo para el uso de recursos del BCV ad hoc.

La directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, confirmó a este medio que no han recibido una respuesta a su solicitud: “El silencio ha sido la respuesta”.

“Lo que nosotros solicitamos fue que se creara el fondo, para crearlo lo único que falta es que se transfieran recursos, que se cierre la negociación con la ONU. El primer paso es que el fondo tenga dinero, por eso pedimos el uso de los recursos del BCV ad hoc porque de todos parecían ser el más rápido”, expuso.

“Los pasos que hay que dar son varios, pero si hay voluntad política eso se hace de un día para otro. Hasta donde sabemos, la ONU no tiene ningún problema, está esperando que se le aclare si existe el fondo y cómo va a ser la gobernanza de eso porque las líneas generales están establecidas en el acuerdo social que se firmó en noviembre (2022). Los obstáculos son por voluntad política”, concluyó.

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